De cal y de arena han sido los ocho años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016. Significó dar un paso hacia adelante para cesar la violencia, para sacar de combate y que dejaran las armas cerca de 13 mil 800 guerrilleros, como una esperanza de alcanzar el fin del conflicto que tanto daño le ha hecho al país. Esta guerra completaba cinco décadas dejando muerte, dolor, devastación, retraso, miedo. El acuerdo dijo poner en el centro a las víctimas, pero pasado este tiempo, siguen esperando su momento porque no les llega a todos la prometida reparación y no repetición.
Apenas meses después de ser firmado este acuerdo recibió un severo impacto con la conformación de las disidencias de las Farc para seguir delinquiendo en los campos -donde aún continúan-, a pesar de que muchos se habían comprometido como firmantes. El triunfo indudablemente fue la desmovilización de esas 13 mil 800 personas, entre quienes cerca de un 80% asumieron procesos de reinserción participando en proyectos productivos desde zonas especiales en los territorios, que se mantienen. Lo más negativo resultan ser los 436 excombatientes asesinados.
Hay que ver como otro logro del Acuerdo, y ahí están concentrados algunos avances hacia las víctimas, la aplicación de la justicia transicional a través de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluye la conformación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Estas instancias han ido esclareciendo casos, encontrando responsables y permitiendo elaborar duelos a cientos de familias de desaparecidos; aunque todavía les falta mucho, la celeridad no ha sido su característica para darles cierre jurídico a la mayoría de casos y evitar que se prolonguen en el tiempo, por eso ha tardado tanto reparar a las víctimas, sumado a la falta de voluntad y ejecución de los gobiernos que sucedieron al de Santos como firmante.
Adicionalmente, el Acuerdo llevó a abrir un espacio de participación política para líderes ex-Farc, que crearon el partido Comunes, otorgándoles curules directamente en Senado y Cámara, pero una parte del país aún les reclama porque se espera que reconozcan delitos en los que incurrieron o que permitieron y que el Acuerdo obliga a aceptar. Además, nada que llegan los recursos ilegales de las Farc para pagar las reparaciones a sus víctimas. Ahí están las recientes imputaciones de la JEP a seis exjefes de las extintas Farc por casos de reclutamiento forzado de unos 18 mil menores de edad y hasta de abusos, algunos de estos niños siguen desaparecidos.

El recrudecimiento del conflicto armado actual en Colombia, incluso por incursiones de las disidencias de las Farc, también opaca el logro que representó haber firmado el Acuerdo de Paz en el 2016. ¿Qué ha faltado?, la mayor voluntad de todas las partes para alcanzar los puntos acordados, pero además reconocer quiénes y cómo actuaron en medio de esta absurda guerra, asumir las responsabilidades, para cumplir con otra parte importante de los compromisos: la verdad. Porque esta es clave para evitar la repetición de crímenes que no han permitido reconstruir el tejido social entre miles de familias, ni alcanzar la anhelada reconciliación.