La Procuraduría General de la Nación en su Informe Nacional de Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio asegura que en los últimos 10 años se ha reportado presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos de Colombia, y Caldas no está entre los exentos. Es uno de los 12 departamentos más afectados con esta práctica considerada entre los principales conflictos socioambientales en el país.
En los últimos 15 años se ha presentado al menos un fenómeno de minería ilegal en cada municipio del departamento, asegura Corpocaldas; pero los casos más graves están en el occidente y el oriente. En el occidente, especialmente en límites con el suroriente antioqueño por el influjo del río Cauca, creando corredores que facilitan la llegada de maquinaria e insumos y el transporte de lo hallado en los socavones que se ven sobre la ribera. En el oriente, por las dificultades de acceso vial y el hecho de poseer áreas bastante alejadas de las cabeceras municipales que impiden el control efectivo de la Fuerza Pública y de las instituciones.
Esto se convirtió en un fenómeno extendido, que para la Defensoría del Pueblo es el nuevo combustible para la expansión de los grupos armados ilegales que se han convertido en los financiadores de estas prácticas impactando en las comunidades. Lo que está provocando la minería ilegal es violencia, desplazamiento forzado, explotación laboral que afecta incluso a población infantil, aumento de riesgos en la salud de quienes se dedican a ella, contaminación por mercurio y otros componentes tóxicos que se pueden están vertiendo a las fuentes de agua en proporciones superiores a las permitidas, además de la deforestación acelerada que ya deja graves huellas en los terrenos explotados y en la fauna y la flora, como lo dejó ver un informe publicado por LA PATRIA el fin de semana.
No debería ser tan complejo el relacionamiento interinstitucional en Caldas para, de común acuerdo, hacerle frente a la minería ilegal. No se trata de un problema de bajo calibre, a quienes se deben enfrentar es a estructuras financieras ilegales que cuentan con el dinero suficiente y a la mano para que esta economía ilícita funcione, por eso en igual medida y con la misma agilidad deberían estar actuando todos los que tengan que ver con la erradicación de este asunto, porque además están en riesgo quienes se dedican a la minería ancestral y la minería a pequeña escala, convirtiéndose en los actores más débiles y más expuestos de la práctica minera.

En territorio, hay que buscar estrategias para prevenir a toda costa que se siga acabando con las áreas naturales en Caldas por minería ilegal. El Gobierno nacional puso en marcha medidas regulatorias para limitar la exploración y producción de minerales, entre otras cosas, negando licencias para los proyectos, y buscando la creación de una empresa estatal minera, que no están ayudando a cohesionar al sector minero legal, están es generando mayor incertidumbre dentro de esta industria, que podría ser un gran aliado para combatir la ilegalidad.