A dónde están llegando los recursos de la salud en Colombia y qué se está haciendo con ellos. Son dos interrogantes que surgen a punto de que colapse el sistema de salud para todos. La respuesta la debe dar el Gobierno nacional, porque si los afiliados al régimen contributivo y los empleadores pagan cada mes sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la población vulnerable que está en el régimen subsidiado es financiada con recursos fiscales del Estado, ¿entonces qué está sucediendo?

Antes del chu, chu, chú anunciado por el presidente Petro, veníamos con un sistema de salud que tenía fallas estructurales y ameritaban su intervención inmediata, pero funcionaba. No se había llegado a los límites de desatención y desprotección que están galopando hoy en todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) debido a decisiones del Gobierno nacional que las han venido socavando. Pero también hay hechos de corrupción en los dos últimos años para favorecer a unas cuantas EPS e IPS, y en los que funcionarios del Gobierno nacional estarían involucrados.

Las intervenciones ordenadas por el Gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud a nueve EPS no han sido la solución, tampoco el giro directo de recursos para evitar tercerizaciones, mucho menos el bajo aumento a las EPS de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por servicios prestados, que decidió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por lo que la Corte Constitucional le ordenó reajustar ese valor debido al incumplimiento en el requisito de suficiencia de los años 2024 y 2025 que ha agravado la situación financiera de las EPS, pero que no ha cumplido el ministro. Solo convocó el viernes a una mesa de trabajo para “revisar” el tema.

Al ministro Jaramillo se le hace un llamado, porque ningún funcionario que en su posesión juró prestar servicios públicos a la sociedad y defender los derechos ciudadanos a través de las facultades legales, debería ignorar, de la forma en que lo hace, lo que está pasando con la salud en Colombia. Pero más allá de criterios éticos y morales, todo funcionario público también está obligado a proteger jurídicamente al Estado. Muy seguramente empezarán a salir demandas por perjuicios, de pacientes que empeoraron su condición de salud o familiares de los que fallecieron por no tener a tiempo una atención.

En esta edición de LA PATRIA publicamos un especial sobre la crisis de la salud en Caldas. Según la Dirección Territorial de Salud, hay una deuda de las EPS con hospitales y clínicas de la región de 1,3 billones de pesos, de muy difícil pago, por lo que el sistema de salud en Caldas está en alerta máxima. Ya se han restringido servicios esenciales en la Clínica Avidanti, el Hospital Infantil, la Clínica San Juan de Dios para usuarios de Nueva EPS, y el SES Hospital de Caldas lo hará este miércoles. En igual situación se encuentran todos los departamentos. Señor ministro, la salud de los colombianos está en riesgo. Su intervención es cuestión de humanidad.