En Supía se siguen escuchando los reclamos porque persisten delicados problemas desde la emergencia que causó la creciente del río Supía y las quebradas Grande y Rapao el 3 de septiembre del 2022. Fue tan fuerte su magnitud que dejó una persona muerta, causó lesionados, destruyó decenas de casas y hubo un saldo de aproximadamente 1.200 familias damnificadas que quedaron con sus propiedades y bienes cubiertos por el lodo y el agua al estar asentadas muy cerca a estos afluentes, además de otros daños a infraestructuras urbanas y rurales.
Pasados dos años, no ha sido posible iniciar obras para implementar una solución estructural del alto riesgo por inundación al que está expuesto Supía y mucho menos atender otros aspectos urgentes para la población en sus actividades cotidianas. La Gobernación y la Alcaldía realizaron estudios fase III, que fueron remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dirigida en ese entonces por el investigado Olmedo López, luego por Javier Pava y ahora por Carlos Carrillo, pero con ninguno se ha logrado avanzar en la formulación del respectivo proyecto. Sin la concurrencia de la Nación, la región ha debido asumir la construcción de jarillones en el río, que aunque alivian un poco, es claro que no resuelven nada.
Tampoco se ha resuelto la construcción de un puente de acceso a las veredas La Amalia y La Quinta, que hace dos años también fue destruido por la creciente dejando comunidades incomunicadas. Con sus propios recursos, los campesinos han tenido que cumplir la función del Estado y asumiendo riesgos, usar las artesanales estructuras para comunicarse y desplazarse en la ruralidad. LA PATRIA visitó el sitio y confirmó que la comunidad sigue esperando que reconstruyan el puente, proceso a cargo del Invías, y aunque fue adjudicado en 2023 por $2 mil 29 millones, posteriormente se identificaron problemas de diseño. Invías debe responder y hacerse cargo de que el contratista cumpla sin más excusas.
La dinámica urbana de Supía en el pasado derivó en la ocupación masiva de zonas de riesgo y hoy la solución es costosa y compleja. La UNGRD planteó la reubicación de familias a zonas seguras, medida bastante recomendable, pero exigente en recursos y capacidades. La gestión en riesgos en Caldas ha avanzado mucho y a pesar de la variabilidad climática y el incremento en la intensidad de las lluvias, los deslizamientos masivos de hace años, en buena hora no se han vuelto a repetir.
Por tratarse de proteger la vida y los bienes de los caldenses deberíamos ser mucho más acuciosos e insistentes. Y en estas materias hemos demostrado que sabemos hacer las cosas, pero se requiere diligencia y recursos cuantiosos cuya gestión parece que pasa por comprometer las voluntades y la sensibilidad de los congresistas de la región en pleno, para que la UNGRD supere las restricciones que tiene para atender la urgente necesidad de la ciudadanía. Graves serían las consecuencias de otra creciente de la misma intensidad a la ocurrida hace dos años y Supía todavía sin obras para enfrentarla. No se le puede seguir dando a este municipio un tratamiento tan indolente.
