En Colombia existían secretarías presidenciales antes de la Constitución de 1886, y con ella se crean los ministerios, 7 en total. En 1996, Gobierno de Ernesto Samper, se llegó a 16 ministerios, hasta entonces el presidente que más ministros había nombrado. Con el presidente, Gustavo Petro, son 19 ministerios y es el que más ha nombrado ministros en dos años y medio, por lo menos 47; sin contar los cambios en los 6 departamentos administrativos y en las 8 unidades administrativas. En los 2 periodos de Álvaro Uribe fueron 35 nombramientos de ministros, en los 2 periodos de Juan Manuel Santos 65, e Iván Duque nombró a 39 en cuatro años.

El presidente Petro no ha tenido la capacidad para acomodar su gabinete con personas que se sienta cómodo, muchas a pesar de pertenecer a su círculo de confianza. Designa y a los pocos meses está haciendo cambios. El reflejo de esta situación es el bajo nivel de ejecuciones en todas las dependencias. Si para este momento, más allá de la mitad de su cuatrienio recorrido, contara con ministros, directores y jefes que lo vinieran acompañado desde el principio, habría procesos medibles, el cumplimiento de metas sería más alto y la puesta en marcha de políticas representaría los postulados del cambio mirado desde lo político.

Mientras predominen los relevos, las interinidades, las peleas internas y los nombramientos de funcionarios que no reúnen los requisitos o con investigaciones a cuestas será muy difícil alcanzar logros. Por eso, nada bueno le representará al presidente Petro haber insistido en la designación de Armando Benedetti, primero como jefe de despacho presidencial, lo que desató la crisis ministerial tras la cual le pidió la renuncia colectiva al gabinete, y ahora como ministro del Interior, que ha tenido rechazo desde todos los flancos, especialmente del político en el Congreso de la República y de muchos de los que allí venían apoyando al Gobierno.

El caso Benedetti, señalado de corrupción y violencia intrafamiliar, es otro más de una larga lista de funcionarios de alto nivel denunciados y criticados, que han llevado a pedirle al presidente Petro reconsiderar su decisión de tenerlos en el Gobierno porque no se ve conveniente, y no se han equivocado. Son muchas las investigaciones en curso que pueden seguir afectando la permanencia de estas personas en algunas dependencias, lo que sería más nefasto para todos. No querer escuchar o al menos evaluar las peticiones, ha llevado al presidente a dar tumbos y una señal de inestabilidad por lo que sucede en el Palacio de Nariño.

El problema es que esto no termina siendo un hecho administrativo aislado, está salpicando a todo el país y afectando la confianza inversionista y la imagen internacional, de las que en parte depende la reactivación económica. Faltan 17 meses para que concluya el Gobierno de Gustavo Petro; es poco tiempo, pero a la vez mucho de continuar con los cambios frecuentes de funcionarios, no corregir el rumbo del gabinete, ni asumir el rol de dirección para encauzarlo.