¿En qué contexto puede comprenderse la decisión del Congreso de la República de incrementar los honorarios de los concejales de 1.009 municipios del país? ¿Cómo se pueden comprender los justos reclamos del Congreso al ejecutivo para que aprete el cinturón y controle los gastos de funcionamiento, pero al mismo tiempo, en un año preelectoral, apruebe con apoyo unánime una ley que abre la llave del gasto en el nivel territorial? Polémica y desconcertante resulta la actuación del Congreso pues, desde la misma motivación se evidencia un sesgo en la presentación de las cifras dividiendo entre 12 el monto anual de honorarios, como si efectivamente sesionaran todo el año cuando lo hacen durante tres periodos para un total de 70 sesiones ordinarias y hasta 20 extraordinarias, aunque busquen aumentarlo a una relación de 80-40.
La medida afecta a muchos municipios pequeños, cuyas rentas son insuficientes y en cambio, las necesidades y obligaciones son inmensas. Y si el funcionamiento normal de una alcaldía resulta deficitario en términos presupuestales, nada qué decir cuando se presentan emergencias o contingencias. En Caldas, exceptuando a Manizales, esto les correspondería a 3 municipios en quinta categoría (Chinchiná, La Dorada y Villamaría) y a 23 restantes que se encuentran en sexta categoría. Villamaría, por citar un ejemplo, empezando año ya anunció que no tiene los recursos suficientes para enfrentar las consecuencias de la temporada de fuertes lluvias, que deja un deslizamiento con cinco personas muertas y decenas de damnificados.
Es muy loable que el Congreso de la República busque incrementar los honorarios de concejales, pero en un país con tantas necesidades, la administración de lo público y el desarrollo de los territorios debería pensarse y gestionarse con mucha más integralidad y eficiencia. ¿Acaso se pensó en el tamaño óptimo de los concejos? La Cámara de Representantes debió pensar primero en blindar esta iniciativa con recursos de otras fuentes y así no golpear a los municipios pequeños imponiéndoles más responsabilidades que no son capaces de sobrellevar.
Un concejal ocupa una curul tras un trabajo de base y de una campaña con la que es elegido por voto popular en representación de un partido; casi siempre es el inicio de una carrera política para quien tiene aspiraciones futuras en otros cargos; no recibe salarios, sino honorarios por sesiones asistidas, que como lo define el Diccionario de la Lengua Española es un “sueldo de honor”. No son empleados del Estado, son servidores públicos que no ejecutan un programa ni son ordenadores del gasto. Sus deberes están concentrados en debatir proyectos de acuerdo y hacer control político a las alcaldías, son funciones que hasta la Constitución de 1991 las cumplían personalidades que lo hacían sin ningún tipo de reconocimiento económico, los movía el deseo de tener una mejor ciudad.
El proyecto de aumento de honorarios para concejales de estos 1.009 municipios pasa a sanción del presidente, Gustavo Petro, aunque también podría objetarlo. Iniciativas similares en Colombia no han tenido éxito por demandas ante las altas cortes. Se debe ser muy sensato, porque financieramente el Estado colombiano no atraviesa el mejor de los momentos y a los alcaldes les está tocando cubrir lo que el Gobierno nacional ha dejado de hacer, ni podrá invertir en los municipios.
