La tragedia en el Catatumbo no se puede atribuir a un fracaso de la sociedad colombiana, según aseguraron el presidente, Gustavo Petro, y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se equivocan, porque la responsabilidad de mantener y preservar la seguridad en el país no recae en nadie diferente al Gobierno nacional y lo debe cumplir por mandato constitucional a través de políticas y de la acción de las Fuerzas Armadas a su cargo, pero sucedió lo contrario.
Esta es una de las peores crisis humanitarias en Colombia. La cantidad de muertos puede estar llegando a 80 porque se mantienen los enfrentamientos entre las guerrillas del Eln y disidencias de las Farc que ocasionaron la debacle, que también ha dejado unas 42 mil personas en desplazamiento forzado y otras miles confinadas por las amenazas de los guerrilleros. El Gobierno debe reconocer que ha incurrido en graves equivocaciones y ha fallado por inacción en el proceso de Paz total, con una exagerada laxitud con las guerrillas y otros grupos armados delincuenciales que operan atados a los cultivos ilícitos como la coca.
También tiene responsabilidad el Gobierno al no haber atendido las advertencias que desde noviembre del 2024 hizo la Defensoría del Pueblo: “De nuevo, las tensiones entre el Frente 33 de disidencias de las Farc y el Eln se han vuelto a exacerbar y ha resurgido la probabilidad de una confrontación entre ellos”. ¿Por qué no actuó y previno lo que se alertaba entonces? Pero además falló gravemente también el presidente Petro al haber viajado esta semana a Haití, su presencia como jefe de Estado es necesaria para agilizar las medidas con las que van a hacerle frente a esta crisis.
Se entiende que la conmoción interior es una figura que se requiere para estabilizar la seguridad del Estado cuando hay perturbación del orden público y las capacidades institucionales están copadas; la han empleado anteriores gobiernos, y no se aplicaba desde hace 16 años. El presidente la decretó apenas el viernes para la región del Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y algunas zonas de César, aunque siguen sin conocerse sus decretos anexos que deben pasar por revisión de la Corte Constitucional para determinar su legalidad y empezar a ejecutarlos. Por eso deberían haber agilizado más este trámite que faculta para expedir decretos con fuerza de ley, quiere decir que no tendrán que ir a trámite del Congreso, y para suspender leyes que se consideren inadecuadas, todo en relación con el Catatumbo.

Hay temor con este decreto de conmoción interior, que regiría por 90 días, de que sea asumido por el Gobierno Petro como un cheque en blanco que no tiene control, además porque esta figura se puede prorrogar dos veces más por periodos iguales. La Corte Constitucional debe ser rigurosa en la revisión de esta solicitud presidencial, establecer que las leyes y los recursos que se buscan derivar para atender la tragedia, no podrán tomar otros destinos, ni mucho menos fines. Pero además, el Gobierno debe tener diseñado ya un plan b en caso de que la Corte niegue esta medida. Las víctimas no pueden seguir sufriendo por cuestiones de Estado, ni estos territorios aguantan soportar más guerra.