La Corte Constitucional tiene hasta dos meses para revisar el polémico decreto de estado de conmoción interior expedido por el Gobierno de Gustavo Petro para atender la crisis en el Catatumbo. Independiente de la opinión de la Corte, es claro que esta región demanda una intervención integral y de largo aliento, para impactar, contener y revertir de una vez por todas las causas de las grandes tensiones instaladas históricamente en este rico y estratégico territorio. Se debe procurar atender los problemas coyunturales derivados de la crisis humanitaria, pero sin perder de vista la necesidad de soluciones estructurales, que justamente son las más importantes y a la vez, las más difíciles de impulsar, entre otras razones, por la necesidad de articular y de hacer concurrir las voluntades de diferentes gobiernos sucesivos, entre los que muy fácilmente se presentan diferencias de perspectiva y enfoque.

Resulta fundamental que las intervenciones no cuenten solamente con la participación de las agencias de Gobierno. Muy bien le sentaría al proceso la participación protagónica y de liderazgo de las universidades públicas y privadas, el sector empresarial, agencias internacionales y otras con las que definitivamente se puede mejorar la posibilidad de éxito medido en diferentes sentidos: más efectividad, más eficiencia, más transparencia, más participación, mejor perspectiva de largo plazo.

Mientras se conoce cualquier decisión de esta alta Corte, el Gobierno debería estar ejecutando un plan de choque que vaya más allá de las atenciones humanitarias a las víctimas e ir reduciendo las afectaciones que tienen por lo menos 42 mil personas desplazadas forzadamente, las familias que perdieron seres queridos (se estiman que son más de 80 muertos) y cerca de 7 mil personas que siguen confinadas en este territorio rodeado por la cruda violencia entre el Eln y las disidencias de las Farc.

La declaratoria fue presentada esta semana en la Cámara de Representantes, pero sin la presencia de los ministros suficientes para responder preguntas, porque hay aspectos de fondo que están preocupando como la inexistencia de esas propuestas sostenibles. Así es muy difícil lograr el apoyo político. Lo que se sabe es que el Gobierno, debido a su compleja situación fiscal, creará tres impuestos al amparo de esta declaratoria con los que pretende recaudar 1 billón 63 mil millones de pesos. También es inquietante que se esté contemplando adoptar medidas que faciliten el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, que son los que están dirigidos desde la Nación para apoyar las inversiones en los municipios del país.

Se entiende que en un presupuesto no esté contemplado el gasto para hacerle frente a una tragedia de estas magnitudes, pero son muchas preguntas que el Gobierno nacional debe resolver ya para actuar de la misma manera con la población del Catatumbo, donde siguen los enfrentamientos entre las guerrillas del Eln y disidencias de las Farc por una pelea territorial relacionada con los cultivos ilícitos y los corredores que conectan con Venezuela, incluso desde Arauca, para el negocio de las drogas, que solo han dejado desolación y muerte.