A partir de la próxima semana la Alcaldía de Manizales debería asumir con rigor jurídico y técnico el problema del exceso de ruido en varios sectores residenciales de la ciudad, afectados porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente permitió establecer también allí restaurantes, bares, gastrobares y estanquillos que muchas veces están funcionando ilegalmente con usos de alto impacto, tales como discotecas y sitios para el consumo de licor hasta la madrugada en medio de las viviendas.
La Administración debe ir más allá de lo que hacen las secretarías municipales de Medio Ambiente y del Interior, recorriendo zonas críticas (Milán, El Cable, otros puntos de la avenida Santander, Chipre) y estableciendo acuerdos con los comerciantes, que en la mayoría de los casos finalmente no cumplen con la debida insonorización de los locales para que el alto nivel de ruido que están generando se mitigue y les permita a los moradores conciliar el sueño y descansar, lo mínimo que un habitante puede pedir.
Una vez pase la Feria, y este año que la Alcaldía debe presentar un proyecto de actualización del POT en el Concejo se debería pensar en restringir estos usos de alto impacto, para empezar a solucionar el exceso de ruido. ¿Por qué si hay comerciantes que se acomodan al entorno, cumplen las normas, no tienen música a alto volumen, no permiten personas pasadas de tragos y evitan a toda costa las riñas y las peleas; otros se pasan por la faja todo requisito y hacen lo que les provoca? LA PATRIA publicó este fin de semana una investigación sobre la relación que tienen algunos concejales y políticos de la ciudad con este tipo de establecimientos, que se deberían declarar impedidos para discutir en el Concejo iniciativas como esta del POT.
También el llamado es para la Oficina de la Noche, una dependencia creada el año pasado por el alcalde Rojas para impulsar el desarrollo económico de este sector, pero debería estar actuando como primer intermediador en este asunto de ciudad como conocedor, se esperaría, de lo que viene pasando en estas zonas donde ya están cansados de denunciar y que nada ocurra. Así han estado en los últimos tres años. Proteger los derechos de los habitantes de los barrios también debe ser prioridad para la Administración municipal, no solo pensar en un sector específico.

Las soluciones al exceso de ruido no pueden estar revestidas de favorecimientos políticos, se debe ser imparcial en la aplicación de las normas; además porque este año las alcaldías deberán empezar a elaborar planes en cumplimiento de la Ley contra el Ruido, dirigida a reducir la contaminación acústica y establecer una Política de Calidad Acústica en el país en la que se contempla el endurecimiento de las sanciones para los infractores. La Alcaldía dice que este año pondrá en operación una Comisaría Móvil con profesionales especializados en el tratamiento de problemas sociales que están afectando la seguridad y la convivencia en horas nocturnas. Es un paso, pero la ciudad requiere acciones eficaces para no seguirla dejando contaminar del ruido en esos lugares, esto también es calidad de vida.