Lo que está sucediendo con el sistema de salud en Colombia debe tener como centro a los pacientes, en ellos tiene que estar concentrada la toma de decisiones del Gobierno y de las EPS para no afectar su condición de salud ni su vida. Se trata de derechos esenciales y así debe ser defendido por todos. Que por decreto el Gobierno haya establecido para este año un aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 5,36%, 11 puntos porcentuales por debajo de lo que esperaba y solicitaba como mínimo el sector, traerá graves consecuencias para un sistema ya maltrecho con lo ocurrido en el 2024.

La importancia de la UPC es que es lo que el Estado debe girar a las EPS para garantizar los servicios médicos de sus afiliados. Sin una UPC adecuada lo que vendrá es el aumento de las deudas, afectando de paso a todas las IPS (hospitales, clínicas y todos los prestadores de servicios de salud). La Andi estima que la diferencia entre lo decretado y el esperado causará un déficit de unos 10,4 millones de pesos en el 2025. De allí el llamado de gremios de la salud, académicos, políticos, asociaciones de pacientes y ciudadanos para que este valor sea revisado y reajustado.

Según dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, están dispuestos a revisarlo con la participación de los sectores que se han pronunciado. Será muy importante no seguir señalando lo que dejaron de hacer o hicieron gobiernos anteriores, que también se enfrentaron a situaciones similares; la diferencia es que el sistema de salud no atravesaba las difíciles condiciones de hoy: EPS intervenidas por el Gobierno sin dar resultados con sus interventores, faltante de medicamentos, dificultades para tener servicios de salud.

Grave si es como aseguran políticos de oposición, que el sistema de salud en Colombia bajó 46 posiciones en un ranking internacional, cuando los ciudadanos estaban satisfechos con él, así fuera necesario hacerle cambios. Pero igual de peligroso es lo que el Gobierno asegura, que no había información de calidad suministrada por las EPS para definir la UPC y que algunas han destinado recursos a gastos que no tienen qué ver con la atención de usuarios. Son argumentos que deben ser verificados para establecer responsabilidades, pero sin que se afecte el servicio.

La salud de los colombianos no puede seguirse usando para apostar en lo político, debe sacarse de este peligroso terreno; es un servicio vital para la ciudadanía y en el que está comprometida la vida. El Gobierno, especialmente, debe escuchar las recomendaciones técnicas para establecer un mayor valor de la UPC del 2025. El Banco de la República en un estudio del año pasado demostró que se necesitaba de un ajuste importante de esta unidad de pago para poder cumplir con los requerimientos de salud en Colombia, pero además el Gobierno debe combatir decididamente la corrupción, si es que de verdad se está dando, y obligar a que los recursos sean destinados exclusivamente para las personas que lo requieran.