Hay que volver a darle fuerza al Pacto por la Reactivación Económica que se firmó en Manizales el 9 de agosto entre delegados del Gobierno nacional y gremios. Hubo acuerdos por la seguridad energética en clave territorial, impulsando la transición energética justa; democratización del acceso a crédito para pequeños y medianos productores; eliminación de barreras para la economía popular y turismo incluyente; generación de empleo; infraestructura con propósito; aporte del hábitat. Transcurridos tres meses, muy poco han avanzado los compromisos establecidos.
Especialmente el sector de la construcción y la vivienda no logran tener tranquilidad por lo que se viene para el 2025. Las cifras no son nada alentadoras, según anuncios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Reducir en 29 mil 500 los subsidios del programa Mi Casa Ya para el próximo año será un duro golpe. Había planteado 50 mil subsidios, pero informó que solo cuenta con recursos disponibles para 20 mil 500, de los cuales 6 mil son preasignados. Ese recorte de presupuesto para programas de vivienda es de 39%, viniendo de un 2023 con fuerte caída en ventas y un 2024 que poco promete.
El ciclo de consecuencias por el solo hecho de reducir los subsidios de vivienda de interés social empieza con el aumento, otra vez, en el número de desistimientos para comprar vivienda; sigue con la reducción de la producción de este tipo de vivienda dirigida a personas y familias de menores ingresos, y llega hasta la baja en las tasas de empleo y el golpe para todos los subsectores económicos que surten con insumos y materiales la construcción. Esto es parte de lo que ha pasado en los últimos tres años, sumado a la imposición de costosos aranceles para la importación de materiales como hierro, acero y aluminio, que hacen más inviable la ejecución de proyectos.
Entre los datos que da Camacol se encuentra que en agosto pasado el segmento de vivienda perdió 79 mil puestos de trabajo, 47 mil empleos que eran de obreros, oficiales y operarios de construcción. Si se mantiene la reducción de los subsidios de vivienda, la entidad estima que se perderán otros 200 mil empleos más para el 2025. Además, está muy poco alineada esta decisión con otra que es muy importante para el país y que ya está rigiendo, la baja en las tasas de interés. Juntas, en las proporciones inicialmente anunciadas, ayudarían enormemente a que la construcción y la vivienda se pudieran reencaminar, pero con que falte una, la ecuación empieza a cojear.

Lo que debería venir y con carácter de urgencia es que el Gobierno nacional revise la política de vivienda, haga un ejercicio de costo/beneficio y establezca medidas para asegurar el total de subsidios anunciados para el 2025. Esto asegurará en parte la meta de reducir el desempleo y de revitalizar los sectores económicos que en el país mueven la construcción y la vivienda. Las administraciones departamentales y municipales también se deben sumar al propósito creando escenarios menos densos para el sector privado, tratando de alivianar en lo que más se pueda sus cargas para la ejecución de proyectos, sin que esto signifique que deban dejar de cumplir las normas.