La Gobernación pone en marcha una estrategia rentística que se considera ya obsoleta, según expertos en finanzas públicas, y por criterios de estudios fiscales que señalan a las estampillas como antitécnicas. 
La mejor noticia para el sector cultural en el departamento hubiese sido que los $3.020 millones, que como meta se propone recaudar la Gobernación de Caldas a través del cobro de la nueva estampilla procultura, se pudieran destinar, completos, en todas las iniciativas culturales de la región. Pero no ocurrirá así. Lo que explicó la Secretaría de Cultura Departamental es que el recaudo proyectado se distribuirá en un 20% a pensiones de la Gobernación, 10% a seguridad social de artistas y gestores sociales, 10% a inversión en bibliotecas y 60% a inversión del subprograma de acceso y bienes de servicios culturales.
La estampilla procultura se empezará a cobrar en todo el departamento a partir del 2025 a todos los contratos que se hagan con la Gobernación de Caldas y sus entidades, dentro de los que están los de obra pública, los de prestación de servicios y los de apoyo a la gestión que tendrán que seguir cancelando dicha obligación. Esto se da porque la Asamblea le aprobó la semana pasada a la Gobernación el proyecto de ordenanza que modificó el estatuto tributario o de rentas del Departamento, dentro del que quedó incluida la creación de esta estampilla.
Aunque el proyecto fue aprobado por 13 de los 14 diputados -solo uno votó en contra-, la gran preocupación, incluso entre algunos que le dieron el visto bueno por no querer ser opositores al sector, es que al entrar a regir esta estampilla los recursos que históricamente se le apropiaban a la Secretaría de Cultura cada año no serán los mismos. La lógica que opera en este caso es que como ya se está poniendo plata vía estampilla, no se le puede poner más. Así visto, pareciera que la cultura está sirviendo para justificar el cobro de otra estampilla en el departamento, donde ya existen las de prodesarrollo (1%), prouniversidad de Caldas (2%), prohospital Santa Sofía (1%), proadulto mayor (3%), y ahora la procultura (1%).
La Gobernación pone en marcha una estrategia rentística que se considera ya obsoleta, según expertos en finanzas públicas, y por criterios de estudios fiscales que señalan a las estampillas como antitécnicas porque representan tomar recursos de libre destinación y volverlos recursos de destinación específica. La Procultura llevará además a encarecer las transacciones, puesto que se tomará como un impuesto más del Departamento y el valor lo incorporarán al total de los contratos, que quedan con una carga adicional del 8%. Y hay que agregarle que tendrá un efecto negativo sobre los contratos de prestación de servicios. Solo para el caso de la Gobernación son entre 1.200 y 1.300 contratistas que valen cerca de 51 mil millones de pesos. A todas estas personas les tocará cancelar una estampilla adicional y seguir viendo cómo se reducen sus ingresos, ya menguados por todas las obligaciones que deben pagar.
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Así es muy difícil ver la nueva estampilla como un aporte que se hace para el fomento y estímulo de todas las actividades artísticas y culturales, a lo que por lo general se le otorgan bajos presupuestos en las administraciones. La Gobernación debería revisar por qué otras vías puede aumentar los dineros que está destinando a la cultura al 2025 y en los dos años siguientes para completar su cuatrienio, como un hecho concreto para que este sector deje de ser la cenicienta de los presupuestos.