Expertos no dudan en asegurar que de todas las crisis que ha tenido el sistema de salud, la actual es la más grave que le ha tocado vivir a Colombia. A las astronómicas cifras de dinero que las EPS adeudan a las IPS por servicios prestados se suman este año entidades desfinanciadas, liquidadas y otras intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud con lo que se ha ido deteriorando ostensiblemente la atención. Hay una saturación de afiliados en las EPS que dejó funcionando el Gobierno nacional para cubrir a toda la población de los régimenes contributivo y subsidiado y eso está ocasionando un caos.
Las fallas en los servicios de salud hoy son más profundas; se han duplicado las demoras en la atención, hay cancelación de citas, faltan especialistas, se están dilatando procedimientos quirúrgicos, hay desabastecimiento de medicinas, las farmacias no están dispensando medicamentos así los tengan en existencias o no están entregando completas las fórmulas tal y como las prescribieron los médicos para los tratamientos. Hay cierre de servicios, incluso en áreas tan delicadas como las de cuidados paliativos que son más una labor de humanidad. Resultados: mayores tasas de enfermedad, descompensación de pacientes que vienen en tratamientos o incluso la muerte.
Acceder a cualquier servicio de salud se volvió más difícil y problemático, aun en EPS que eran las mejor calificadas porque no sometían a dificultades a sus afiliados. La situación de la salud en el país es tan compleja que ni siquiera interponiendo acciones de tutela o con incidentes de desacato cuando no se cumplen los fallos de los juzgados se les está cumpliendo a los usuarios. Las promesas del Gobierno nacional del giro directo a las IPS por atención prestada, que representaría pagos oportunos y transparencia, no han dado los resultados que proyectaba.
El Gobierno tampoco ha logrado fortalecer el modelo de salud preventiva que se ha propuesto desarrollar. La Personería de Manizales sostiene que en esta ciudad, debido a los incumplimientos y las fallas del sistema actual, hay afectaciones desproporcionadas a personas con enfermedades graves, crónicas o en situación de vulnerabilidad; y que se han incrementado las consultas en los servicios de urgencias locales por descompensación de pacientes. Si eso está sucediendo en esta capital, que cuenta con el grueso de los recursos de salud, qué estará pasando en el resto de municipios de Caldas o con quienes viven en el campo.
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Se debería entender que no es ahogando entidades, mucho menos de salud, como se va a lograr un cambio. Constitucionalmente el Gobierno es responsable de garantizar la cobertura y en un asunto tan delicado como este, en el que está de por medio la vida, no hay lugar a improvisaciones, ni a ensayos, mucho menos llevar los servicios de salud al plano de las confrontaciones políticas. Quien posee recursos suficientes para pagar sus propios tratamientos podrá mitigar la situación, pero no ocurre así con el grueso del pueblo colombiano que está quedando desprotegido. Aunque no era el mejor de los sistemas lo que se tenía y estaba exigiendo soluciones de fondo, hay que juntar voluntades y esfuerzos para buscar la mejor salida y recuperar lo que sí venía funcionando bien en nuestro sistema de salud. No hay lugar a esperas.