"Un eje de la financiación de los servicios del sistema de salud es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que las EPS reciben (desde el Gobierno nacional) por cada uno de los afiliados", explicó José Norman Salazar, director del Centro Colombiano de Derecho Médico, cuando se le consultó sobre la derogación de la Corte Constitucional al ajuste de la UPC para el 2025, que estaba fijado en 5,3% .

Eso lo hizo el alto tribunal mediante el Auto 007 del 23 de enero del 2025, en lo que ordenó que la unidad sea concertada y se revise -tanto para el 2025 y el 2024- en un máximo de 10 días.

La Corte señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), hoy a cargo de Guillermo Jaramillo, carece de un sistema confiable -al interior- que permita contrastar la información aportada por las EPS, con lo que se calcula dicha UPC.

"En el 2020, cuando todo el mundo estaba encerrado por la covid-19, a las EPS les fue muy bien con la UPC. En el 2021 y en los años que les siguieron, se dispararon las atenciones y las aseguradoras se dieron cuenta de que la plata no les alcanzaba", detalló Salazar.

El argumento del Gobierno nacional en ese momento, según Salazar, fue que las EPS habían pasado una información sesgada, inadecuada y que, con base en la información que se tenía, era que se calculaba el monto.

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Ahí fue cuando las EPS acudieron entonces a la Corte Constitucional solicitando ayuda, lo que acabó en unas audiencias en las que estos actores llevaron a la luz el auto ya referido. Allí se concluyó:

1. "El sistema de salud está desfinanciado".

2. "La UPC del año 2024, como la de otras vigencias, está muy mal calculada. Y eso no solo por culpa del Gobierno, sino que -la gran culpa- la tienen las EPS, que no le han dado la información o los insumos correctos para hacer este cálculo".

3. "Reconoció que la destinación de un 5% de la UPC para promoción y prevención, ayudó a desfinanciar este aporte".

4. "Corroboró que en el sistema de salud hay corrupción. Ahí ni la Contraloría ni la Fiscalía han hecho nada. Y es necesario que se implementen acciones".

De las órdenes

El alto tribunal llegó a esas conclusiones y de ahí también parten unas órdenes, de las que se verán los efectos a mediano y largo plazo, dándole otra cara al sistema de los colombianos.

"Es fundamental corregir la información, alrededor de la UPC, datos que no son fieles a la realidad. La Corte instó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) a que apliquen todas las normativas para que le exijan a las EPS el dar una información veraz y suficiente. Eso para que les paguen lo que les corresponde y salgan de ese problema financiero que tienen".

Salazar agregó: "Con esos recursos podrían, entre otras cosas, cancelarles a las clínicas y hospitales; y, de manera adicional, recuperar las provisiones (reservas económicas) que hoy no todas tienen, porque se la han gastado a lo largo de los años".

Las órdenes de la Corte, recordó el médico y abogado, tienen que ser acatadas por los servidores públicos, como el ministro de Salud, de Hacienda y/o el superintendente Nacional de Salud.

"En salud, el Congreso -durante años- ha venido debatiendo una y otra reforma y no ha podido solucionar el problema. Al intervenir la Corte, esta señala una hoja de ruta encaminada a buscarle una salida al sistema en uno de los temas más críticos, que es el financiamiento".

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Lo que se espera en el proceso

Salazar advirtió que, en los próximos días, el MSPS solicitará que se le permita ampliar los plazos que se le ha dado, respecto a la UPC.

"Eso es algo previsible. Un asunto de muchos años de dificultad, no se va a solucionar en quince días ni en un mes. Este auto lleva a muchas conclusiones y a una certeza frente al real problema de financiamiento que tiene la salud", concluyó el experto.

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