Wílmar Franco González asegura ser el propietario legítimo de una propiedad en el barrio Villa Juanita, de Villamaría. Dice que tomar posesión legal de este terreno, con ficha catastral 289_04 lo llevó a ganarse problemas y a no poder intervenir este lugar, en donde su intención es tener un albergue para animales callejeros.

Sin embargo, los vecinos aseguran haber cuidado del predio, en alguna ocasión un parque, durante 40 años, que se convirtió en punto de encuentro, luego de que Fernando Mejía Jaramillo, fundador del barrio, lo donó.

Hoy, el dueño y la comunidad están metidos en un lío judicial, pues cada lado pelea por sus intereses, mientras la Alcaldía responde que hubo una apropiación ilegal. El conflicto, sobre 1.533 metros cuadrados, está lejos de finalizar.

Con propiedad sobre el terreno

Según Franco González, una vez se finalizó la construcción del barrio, Mejía Jaramillo dejó varios predios, los que adquirió él. Indicó que la Junta de Acción Comunal no ejercía como amo y señor del 289_04, sino que conservaba el entorno, creyendo que era de cesión.

Justo sobre el predio construyeron unos juegos infantiles que donó un exconcejal. En el momento que quiso tomar posesión, encontró una zona invadida por habitantes de calle y consumidores de estupefacientes, y afectada por escombros. Denunció que además lo incendiaron.

Por esa razón decidió tomar medidas y retomar el control y aceptó el saneamiento, dado que por impuesto predial se debían cerca de $70 millones, antes de que entrara en proceso de embargo.

"Ingresé al predio solamente en el ánimo de mirar, determinar cómo era el predio, mirar las escrituras, cuáles eran los linderos. Y lo único que hice fue hacer unas vallas del IGAC para delimitar los terrenos para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando", añade.

Para evitar conflictos, agrega, convocó a la JAC a una reunión para mostrar lo que pasaba y evitar perturbaciones. Dice que su intención es construir, pero no lo hará hasta que no tenga los permisos necesarios de la Alcaldía.

Aunque Franco González sostiene que se llegó a buen término, luego la comunidad la emprendió contra él, en dos ocasiones invadió el terreno y le causó destrozos en noviembre pasado, de una manera premeditada y por eso acudió a la Fiscalía.

Tampoco ha podido instalar acueducto y alcantarillado, pese a reunir los requisitos, porque los vecinos se oponen a la labor de los funcionarios.

Ante dicho ataque instauró derechos de petición y hasta tutelas ante la Alcaldía y un juzgado para que le indicaran la situación del predio y le terminaron respondiendo que efectivamente es privado y tenía la razón, soportado en las escrituras.

"Tengo la posesión plena. Yo tenía un albergue de mascotas perdidas, que era una función social, no lo hacía con el ánimo de lucrarme. La JAC tumbó todas las perreras, desaparecieron las herramientas, quiero que me devuelvan el predio como estaba".

Quiere quitarles un espacio de 40 años

Eduardo Herrada Rodríguez, abogado de la comunidad de Villa Juanita, indica que asumió su defensa cuando le indicaron que una persona se quería apoderar del parque del que ha disfrutado por cerca de 40 años.

"A pesar de que Fernando Mejía Jaramillo tenía la intención de entregarlo formalmente, de que fuera público como tal, quedó un vacío en esa parte y no se entregó, pero existe la vocación. Por más de 30 años, las administraciones municipales le han hecho mantenimiento", recalca.

Sin embargo, anota que el año pasado apareció Franco Gónzalez y en una reunión con la comunidad dijo querer colaborar y por eso cercó el terreno, pero luego presentó una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. En respuesta, el defensor presentó una tutela y una acción popular.

"Es muy curioso que todo un barrio haya disfrutado del parque y aparece un señor ahorita a decir que el bien le pertenece. Seguramente él pagó los impuestos que debían de este lote, pero queda el debate jurídico. Entonces le tocará al juzgado definir eso", dice Herrada Rodríguez.

Sumado a eso, asegura que Corpocaldas no permite el cerramiento y no se puede construir por ser de uso público. Además, porque es un espacio de protección especial por aguas lluvias e intervenirlo podría provocar deslizamientos sobre el barrio Santa Ana.

El abogado sostiene que la justicia tendrá que demostrar si se trata de apoyar a una comunidad con cerca de 200 familias o a un particular que reclama que el bien es suyo, y existen pruebas de que Fernando Mejía quiso entregar la propiedad al Estado.

"Me llama la atención cómo alguien se atreve a testificar que un lugar es de él y efectivamente, seguramente sacó una escritura protocolizada con unos testigos que certifican que él mismo es propietario de ese terreno. ¿Cómo alguien se enfrenta a unas posibles sanciones de índole penal diciendo cosas que no son ciertas?", puntualiza.

Predio es para la comunidad: Alcaldía

El alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez, afirma que en 1984 se otorgó la licencia para lotear el terreno a Fernando Mejía y las áreas de cesión se registraron ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a nombre del ciudadano.

La Administración municipal ha cuidado el predio como área de cesión y allí se ubicó un parque destinado para uso público.

"En el 2024 debido al ingreso intempestivo y violento de una personas apropiándose de estos lotes, hechos manifestados por la comunidad, la Administración municipal empezó a estudiar legalmente la titularidad de dos predios que han sido objeto de perturbación del ya mencionado", indica Ramírez.

No existe error en la determinación del predio, pues es de uso público. Ante las peticiones de la comunidad de identificarlo como privado, desde el 2024, se adelantan gestiones para obtener la titularidad y proteger estas áreas.

Para soportar esto, asevera que a la juez de conocimiento se le presentó un oficio con la titularidad y se opone a la declaratoria de pertenencia a un particular.

"De manera adicional se le informa al juzgado que esta área, a pesar de contar con folio de matricula inmobiliaria en cabeza del señor Fernando Mejía Jaramillo como urbanizador, lo cierto es que es una cesión que debió transferirse al Municipio desde 1984", añade.

Denuncias de amenazas

Wílmar Franco González asegura que ha recibido amenazas de habitantes del barrio, sin embargo, el abogado respondió que esto nunca ha pasado y más bien las autoridades han sido pasivas ante la presencia de extraños, quienes les toman fotos a los miembros de la JAC.

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