La investigación disciplinaria de un profesional especializado del Grupo Formal de Trabajo Disciplinario de la Universidad de Caldas llevó a las autoridades judiciales a adelantar una investigación contra cuatro funcionarios, entre ellos dos antropólogas de la institución, a quienes investigan por concusión e interés indebido en la celebración de contratos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en el 2012, una de ellas le hizo una propuesta de trabajo a un administrador de sistemas informáticos, para que ocupara el puesto de asistente del Sistema Integrado de Análisis Territorial del Departamento de Antropología.

Le indicó que el contrato era por ocho meses como contratista y debía elaborar una base de datos de la información del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, pero no le habló del salario ni de las condiciones contractuales.

En mayo de ese año, el hombre se volvió a reunir con la empleada, quien le dijo que para poder contratarlo le debía pasar $300 mil de su salario y él accedió, dado que era la primera vez que iba a trabajar y no tenía experiencia. Ella le dio las indicaciones para que aprobaran su propuesta.

Le aumentó la exigencia de dinero

Posteriormente, ella le indicó que su salario sería de $1 millón 715 mil y ya no debía pasarle $300 mil, sino $500 mil. Como se mostró inconforme, la mujer le dijo que no lo contrataría, y ante la amenaza, terminó aceptando. Posteriormente le dijo que de la Universidad lo llamarían para informarle sobre la aprobación de su propuesta.

Él le entregó los documentos personalmente a la señalada y empezó a trabajar en agosto del 2012. Tras seis meses de consignarle el dinero, al séptimo el empleado le comunicó que la exigencia era indebida y no le pagaría más.

La antropóloga lo abordó personalmente y además de exigirle que cumpliera, lo citó a una reunión con la directora del Doctorado en febrero del 2013, quien le pidió reflexionar y sostuvo que "ellos contrataban así y es muy normal que se haga de esa manera".

Sin embargo, el hombre se mantuvo en su posición de no pagar. Dijo que la funcionaria le enviaba correos cuando se demoraba para cancelar los $500 mil, llamaba a la oficina financiera para preguntar si ya habían pagado, y en una ocasión lo acompañó al cajero.

El denunciante explicó que se demoró en poner la queja, dado que la directora dio malas referencias suyas cuando pretendía obtener otro trabajo en la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

La Fiscalía vinculó a otro hombre, quien era el ordenador del gasto, como vicerrector de Investigaciones y Posgrado, dado que no se verificó la experiencia laboral en el escrito de invitación a cotizar, por lo que fue una contratación irregular.

Un lento y aplazado proceso judicial que lleva 10 años

En octubre del 2015, la Fiscalía 10 Seccional de Manizales intentó radicar el escrito de acusación, pero la juez se declaró impedida por tener una amistad con una procesada.

En agosto del 2016, por fin acusaron a las dos mujeres como autoras de concusión e interés indebido en la celebración de contratos, mientras que al vicerrector y a otra funcionaria, solo el segundo delito.

Tras una serie de aplazamientos, en julio del 2017 se adelantó la audiencia preparatoria y continuó en agosto del 2018. Sin embargo, la nueva juez también mostró un impedimento, dado que el abogado de una procesada la defendía en un proceso disciplinario.

En agosto del 2019, el caso pasó a otro juzgado y se pretendía continuar con la preparatoria, pero se presentó una impugnación, hasta que en febrero del 2023 se logró dar inicio al juicio.

Sin embargo, el defensor de la mujer que supuestamente exigió el dinero solicitó la preclusión. Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía se opusieron, el Tribunal Superior de Manizales tuvo que decidir y ordenó que se debía continuar.

El 4 de junio del año pasado, cuando se reanudó el proceso, el defensor de la directora solicitó la nulidad al considerar que se violó el derecho a la defensa y al debido proceso.

Nuevamente la Sala Penal tuvo que intervenir y, por segunda ocasión, la decisión fue seguir.

En consecuencia, entre el 17 y 18 de febrero próximos se deberá reanudar el caso, luego de 10 años de que se denunciaron las supuestas presiones al empleado de la Universidad de Caldas.

Se presumen inocentes

Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables de los hechos que les atribuyen. Se presumen inocentes.

Las penas que enfrentan los procesados

La concusión contempla penas de prisión de 8 a 15 años de prisión. La celebración indebida, de 5 años y 4 meses a 18 años.

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