Desde este jueves se llevan a cabo los alegatos de conclusión en medio del juicio oral que se adelanta contra el propietario y el mesero de un restaurante, señalados de hurtar $2 mil 500 millones a la sede de Bancolombia en la avenida Santander, de Manizales.

El millonario robo ocurrió en octubre del 2017 y hay ocho personas vinculadas al proceso. En el Juzgado Cuarto Penal del Circuito se adelanta el juicio a estos dos hombres, mientras otros aceptaron cargos.

El primero en hablar fue el representante de la Fiscalía, quien pidió condenar a los señalados por hurto calificado y agravado, quien destacó la importancia del testimonio de Yuli, exempleada del restaurante, y considerada como la testigo estrella.

Para él, la mujer contó detalladamente cómo se fraguó el robo en un negocio ubicado frente al banco, de qué manera se abrió el boquete para ingresar, quiénes la acompañaron en la extracción del dinero y cómo se burlaron los sistemas de seguridad.

Añadió también que las investigaciones mostraron cómo se desconectaron las alarmas de manera remota y hasta los ladrones hicieron huecos en una bóveda con el objetivo de desviar la atención.

Bancolombia exige condena

El abogado de Bancolombia apoyó la posición del ente acusador y pidió darle relevancia al testimonio de Yuli, al considerar que fue congruente y recordó claramente los hechos y por el hecho de tener problemas con su exjefe y de consumo de sustancias, no puede desvirtuarse lo que dijo.

Esto último lo sustentó en el hecho de que no le hallaron patologías ni se le vio alterada por alguna sustancia cuando acudió al juicio a dar su testimonio. Sobre el error al mencionar un edificio donde se escondió el dinero, el defensor de la víctima dijo que el hecho no era relevante.

Así mismo, criticó a los dos señalados por negarse a practicarse la prueba de adn por una botella que se encontró en la escena del delito, pese a que hubo órdenes judiciales. Dijo que donde hubieran aceptado, sería una prueba a favor de ellos si estaban seguros de no haber participado del plan criminal y ante tal negativa, solicitó que los investiguen.

Testigo contra señalados fue mentirosa

Rafael Mejía, defensor del comerciante, calificó como inverosímil que sobre un mismo hecho se adelanten cuatro o cinco procesos judiciales, además de que todo gira en torno a especulaciones que ponen en riesgo el futuro de dos personas inocentes y de sus familias.

También alegó que las pruebas de los investigadores no lograron demostrar cómo este grupo inexperto pudo haber desactivado las alarmas y evitar dejar huellas en el lugar, por lo que esto, tal como lo manifestó un testigo, lo tuvo que haber cometido una banda experta en este tipo de hurtos.

Mejía añadió que gracias a los testigos se pudo identificar a otros involucrados, pero se mostró desconcertado porque no mencionan a su defendido y al otro hombre. También criticó lo que consideró la desidia de los investigadores de la Sijín y del CTI, que no estudiaron otras opciones, más allá de lo dicho por Yuli.

Se fue lanza en ristre contra el testimonio de ella, pues consideró que mintió en todos los señalamientos y fue su resentimiento el que la llevó a meter a los acusados en líos judiciales, además de que lo que dijo a los investigadores estuvo contaminado por las intervenciones de su abogada.

El abogado puntualizó en la falta de precisión y de análisis de los funcionarios, porque tampoco demostraron que en unas llamadas hechas en el momento del hurto hubieran intervenido el comerciante y su mesero, además señalados de orquestar el plan repentinamente, cuando se advirtió que desde meses atrás se estaba planeando.

Este viernes continuaban los alegatos de conclusión y posteriormente la juez dará la fecha para emitir su sentido de fallo, en el que determinará si los declara inocentes o culpables.

Defendió la no autoincrimación por el tarro de agua

Para el abogado del comerciante, no permitir la prueba del adn en el tarro de agua era un derecho a la no autoincriminación y un logro de la civilidad.

Aceptó cargos y no le aprobaron por no tener dinero

Un empleado de la empresa de seguridad aceptó cargos, sin embargo, no le aprobaron la negociación con la Fiscalía, pues estaba obligado a devolver parte del dinero hurtado y aseguró no tenerlo.

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