A Brayan Estiben Trujillo Bernal, de 21 años, lo mataron en agosto del 2023 en la estación Ferroméxico, del sector de La Carrilera, en La Dorada. Por este homicidio señalaron a un adolescente de accionar un arma de fuego y provocarle cuatro heridas.

A la víctima alcanzaron a trasladarla al hospital San Félix, pero no resistió. Su hermano, quien lo acompañaba mientras consumían marihuana, identificó al atacante y luego de las investigaciones se emitió una orden de aprehensión.

En octubre de ese mismo año dieron con el menor, de 17 años, en Pereira, en donde se radicó con su familia. Aunque las autoridades presumían que había huido para evitar la justicia, sus allegados alegaron que debió abandonar el puerto caldense por supuestas amenazas.

En noviembre del 2024 se emitió la sanción de 5 años, la que debía pagar en la Ciudadela Los Zagales, en Manizales, aunque su abogado apeló y la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, del Tribunal Superior, confirmó la decisión en segunda instancia.

Vio el homicidio de su hermano

El juez Primero Promiscuo de Familia de La Dorada aseveró que no se podía dar total credibilidad a los testigos de la defensa, pues se notó el interés por defender al homicida, y eso los llevó a contradecirse, como por ejemplo, el motivo del traslado a Pereira, en donde supuestamente estaba el día del crimen.

Tampoco demostraron qué hacía el joven en el momento del crimen y una testigo, que declaró en juicio por medio de una plataforma, respondió guiada por otra persona que la acompañaba.

Dijo que también el hermano de Brayan fue congruente, explicativo y verosímil con lo declarado. Por eso consideró que había pruebas suficientes para hallarlo responsable.

Policías investigados por falsos positivos

El abogado del menor alegó que el testimonio del familiar del muerto no era suficiente, porque no fue claro al indicar con qué mano se accionó el arma de fuego y tampoco supo decir si el ataque fue antes o después de un saludo. Incluso, cuando era la hora de que la defensa lo interrogara, este desapareció y no regresó al proceso.

También criticó que un patrullero de la Policía que adelantó la investigación es objeto de una investigación por presuntos falsos positivos judiciales para obtener condenas por homicidio y tráfico de estupefacientes contra inocentes.

Raro le pareció que la tarjeta de identidad del victimario estuviera en la escena del crimen, la que encontró sin tener una orden judicial para visitar el sitio.

También criticó las contradicciones de otro uniformado, pues según una compañera de este, él estaba de permiso el día del asesinato, por lo que no podía adelantar diligencias en esa fecha.

Sobre la ubicación del menor en Pereira, sostuvo que el Juzgado desestimó testimonios importantes, como el del primo de la víctima, que contaban con precisión lo que hacía ese 27 de agosto del 2023 y en qué trabajaba.

Tribunal confirmó sentencia por asesinato

La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes empezó por afirmar que la declaración del hermano del occiso fue clara y precisa, y no escatimó en descripciones tanto en el momento posterior como durante el ataque, además por reconocer desde tiempo atrás al atacante.

Frente al papel de los patrulleros de la Policía, no se demostró que estos hubiera influido en el testigo y no fueron más que especulaciones de la defensa para desacreditar dicho testimonio.

Justamente sobre el comportamiento de los uniformados, el Tribunal indicó que dichos cargos resultaron intrascendentes, dado que en el fallo de primera instancia no se abordó el tema, y será la Fiscalía la que esclarezca el comportamiento del investigado.

Sobre las posibles imprecisiones del testigo, se expuso que era normal que con el paso del tiempo, no recordara con lujo de detalles, además de que presenció un hecho atroz contra un familiar suyo. En conclusión, se confirmó la sanción.

¿De dónde provenían las amenazas contra el menor?

El Tribunal Superior de Manizales expresó que sobre las supuestas amenazas que sufrió el adolescente, lo que lo obligó a radicarse en La Dorada, no hubo testigo que especificara cómo ocurrieron.

Por un lado señalaban al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes) y por otro, que eran grupos que manejaban la zona porque el menor no quería trabajar para ellos.

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