Entre 6 y 11 años de prisión pagarán 11 médicos que obtuvieron sus diplomas como especialistas en cirugía plástica y estética de manera irregular con una universidad de Brasil.

Así lo decretó un juez penal del circuito de Bogotá, condenando a once médicos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. 

La condena se da debido a que se logró descubrir que los médicos habrían obtenido de manera fraudulenta títulos de especialización en cirugía plástica y estética en una universidad de Brasil.

Entre los sentenciados figuran tres médicos de Risaralda, incluido Javier Locano Botero, quien se desempeñó como secretario de Salud del departamento durante la primera administración de Víctor Manuel Tamayo. 

En la página web de Javier Locano Botero, se puede leer la experiencia del médico y los títulos que se atribuía, entre ellos, por el que fue condenado. 

“El Dr. Javier Locano es un reconocido médico cirujano con una destacada trayectoria en el sector salud. Posee especializaciones en Gerencia de Proyectos de la Universidad Javeriana, Gerencia en Sistemas de Salud de la Universidad Tecnológica y Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Universidad Venga de Almeida en Río de Janeiro, Brasil”.

Además de su experiencia académica, en su página resaltó los cargos en los que ha estado, incluyendo su trayectoria como secretario de salud y como gerente del Seguro social”.  

“Su experiencia incluye roles significativos como Secretario de Salud del departamento de Risaralda y Gerente del seguro social seccional Risaralda. Actualmente, se desempeña como especialista en cirugía plástica y reconstructiva, aplicando su amplio conocimiento y experiencia en beneficio de sus pacientes. 

También fueron condenados Víctor Manuel Jaramillo Torres y Rodolfo Albeiro López Zapata.

El fraude en la convalidación de títulos

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los condenados presentaron documentos falsos ante el Ministerio de Educación Nacional, afirmando haber cursado 2.616 horas en un posgrado presencial en Brasil, cuando en realidad su estadía en ese país no superó los 95 días.

La investigación determinó que estos médicos no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad exigido por la universidad brasileña y, aun así, lograron convalidar sus títulos en Colombia.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos recopiló pruebas que evidenciaron que los condenados sustentaron su convalidación con documentos falsificados, incluyendo:

• Certificados de asistencia a prácticas hospitalarias.
• Registros académicos adulterados.
• Evaluaciones clínicas inexistentes.

Estos títulos fraudulentos les permitieron ejercer como cirujanos plásticos sin contar con la formación requerida, representando un grave riesgo para la salud de los pacientes.

Las condenas

El juez determinó que los acusados actuaron de manera fraudulenta para acceder a la especialidad y dictó las siguientes penas:

Condenados a 6 años y 6 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos

• Javier Locano Botero
• Víctor Manuel Jaramillo Torres
• Rodolfo Albeiro López Zapata

Condenados a 7 años de prisión

• Giovanni Cortés Montealegre
• Marco Antonio Vergara Calero
• Gerardo Rojas Gómez
• Alfredo Rodríguez Figueroa
• María Mónica Martínez Martínez
• Rubén Darío Arciniegas Martínez
• Juan Fernando Abadía Silva
• Henry Diego Fernando Ortiz Silva

Todos los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por cinco años, y el juez ordenó su captura inmediata para que cumplan sus penas en centros carcelarios.

Impacto en el sector salud

A raíz de este escándalo, el Ministerio de Salud deberá actualizar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) para que los ciudadanos puedan verificar las especialidades reales de los médicos en Colombia.

“El Ministerio de Salud tendrá que actualizar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) para que los ciudadanos conozcan las aptitudes y especialidades clínicas reales que pueden desarrollar estos profesionales. Por su parte, el Ministerio de Educación deberá cancelar las resoluciones de convalidación de los títulos académicos”, añadió la Fiscalía.

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