Aunque se verificó que se trataba de calzado falsificado, la mujer ignoraba que esto fuera un delito.

Foto | Ilustración cortesía Policía | LA PATRIA

Aunque se verificó que se trataba de calzado falsificado, la mujer ignoraba que esto fuera un delito.

Una comerciante se dedicó a la venta de tenis falsificados de distintas marcas, lo que llevó a que la capturaran investigadores de la Sijín en el 2017, en el Centro de Manizales, en donde posee sus negocios.

Representantes de las marcas Adidas, Puma, Nike, New Balance y All Star la denunciaron y, tras su judicialización, aceptó cargos por usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, que da una pena de 4 a 8 años de prisión.

Sin embargo, contrató a un abogado de confianza, se retractó y decidió irse a juicio, bajo el argumento de que se podría presentar la prescripción de la acción penal y la Fiscalía pretendía judicializarla de una manera rápida.

Germán Sarasty, el defensor, también manifestó a favor de la mujer que podría presentarse una atipicidad de la conducta, dado que su clienta desconocía el delito que estaba cometiendo y tras finalizar el juicio la declararon inocente.

“Finalmente, el Juzgado Sexto Penal del Circuito determinó que la Fiscalía no pudo llevar al proceso prueba más allá de toda duda que pudiera acreditar que la ciudadana tenía conocimiento del delito y que a sabiendas comercializó mercancía falsificada y de contrabando”, explicó el abogado.

 

Así fue la incautación de las prendas chiviadas

La investigación se inició en el 2017 y los agentes identificaron cuatro negocios en los que se exhibían prendas y zapatillas que aparentaban ser originales, pero el análisis demostró que no lo eran, con acabados burdos y los empleados los promocionaban como originales.

En los operativos capturaron a tres personas, incluida a la propietaria, e incautaron 825 unidades de ropa y calzado falsificados. Posteriormente, a dos detenidos los desvincularon del proceso y solo la mujer siguió en el caso, que finalizó en su absolución.

 

Estaba medicada cuando aceptó cargos

De acuerdo con Sarasty, la comerciante estaba bajo los efectos de un medicamento cuando aceptó cargos. Ese argumento fue suficiente para que un juez anulara dicha aceptación.

 

 


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