LA PATRIA | Manizales*

Marco Aurelio López González tiene 71 años. Es paciente psiquiátrico y hasta hace cinco meses estaba consumido por vicios que lo llevaron a perder su casa y a vivir en la calle, pues no tiene familia. Para él, fue una bendición llegar al centro de bienestar y protección social adulto mayor Verdún (CBA), en Chinchiná.

Está bien vestido, limpio y mantiene el buen humor. Saca de su austero, aseado y organizado cuarto, las manualidades que ha aprendido a hacer allí. Cuenta que se levanta temprano todos los días para ayudar a atender a los 87 adultos mayores con los que comparte techo y el común denominador de no tener familia ni sustento económico. “Esto aquí es un espectáculo, no hay más que pedir”, dice Marco Aurelio.

María Luzdary Rendón Ospina, de 76 años, sentada cerca de él, sí tiene algo que pedir: “Que me dejen tener novio”. Tiene la piel blanca, las uñas perfectamente pintadas y decoradas y ganas de vivir: “Conocí a alguien aquí y ¡si viera qué traga! Pero cada que nos veían juntos nos separaban”.

“Nos tratan muy bien, nos celebran los cumpleaños, el Día de la Mujer, y el jefe es muy bello, muy alcahuete y nos escucha cuando queremos hablar”, admite después de su queja.

El jefe al que se refiere María Luzdary es Juan Carlos Arias Osorio, coordinador del CBA, lugar amplio, con jardines, taller de manualidades, patio interno, capilla, salón para hacer terapias y hasta mesas de billar.

Dice que los 88 adultos mayores que viven allí tienen servicios permanentes de enfermería, fisioterapia, fonoaudiología y educación física. “Todo un portafolio de servicios para garantizarles una vida digna 24/7”, remata Arias Osorio. Todo lo anterior, y la comida se pagan con el dinero recaudado por la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, recursos que allí no faltan, según Arias Osorio.

La Fundación Ama, en cabeza de Luz Adriana Henao, administra el CBA desde el 2021. Henao aseguró que la Alcaldía de Chinchiná les paga por actas parciales mensuales y asegura que son muy cumplidos, por lo que no han tenido problemas con la disponibilidad de dinero. Además, explica que en enero hacen la proyección del presupuesto que necesitarán para todo el año.

En Chinchiná dicen que todo funciona bien gracias a los recursos de la Estampilla.

En Neira, sin mucha queja

Samuel de Jesús Sánchez tiene 91 años, 12 de los cuales ha vivido en el Hogar San Vicente de Paúl, en Neira. “Esto es una bendición de Dios para los ancianos. Acá nos dan vivienda, comida, están pendientes de las medicinas”, dice desde su cuarto, un lugar pequeño, pero iluminado que él mismo asea. “Las enfermeras no duran”, alcanza a contestar cuando se le pregunta qué hay por mejorar en el lugar, pero se frena al ver parado en la puerta del cuarto a Fredy Franco Mora, administrador del Hogar desde hace 15 años. Este completa la respuesta diciendo que la enfermera nocturna estuvo hasta hace dos semanas y que esperan que la Alcaldía renueve el contrato.

Actualmente viven allí 65 adultos mayores y otros 25 asisten para recibir las tres comidas diarias y regresan a sus casas. Ninguno debe pagar mensualidad.

El lugar es amplio e iluminado. Tiene jardín, capilla, comedor y una zona donde los adultos mayores pueden recrearse. El administrador calcula que atender a esta población les cuesta unos $36 millones mensuales incluyendo alimentación, atención psicóloga, enfermería, manipuladoras de alimentos, aseo y servicios públicos. Asegura que dependen casi al 100% de la Administración municipal para sostenerse, recursos que reciben de acuerdo con la disponibilidad de la Alcaldía. “Nos hacen contratos por seis meses y los renuevan”, precisa. E indica que se valen de ahorros para solventar los baches de tiempo que hay entre los contratos.

Él asegura que con la plata de la estampilla pro adulto mayor las cosas han mejorado mucho. “Hay una diferencia abismal porque hemos estado progresando mucho, la Administración nos ha ido aumentando los recursos viendo la necesidad y el buen manejo que se le ha dado a la institución”.

Lastimosamente la calidad de vida y el bienestar en el que viven los adultos mayores en estos dos centros no es el común denominador en otros municipios de Caldas. Según la Secretaría de Integración y Desarrollo Social del departamento, hay 63 Centros Vida y 33 centros de protección en los 26 municipios de Caldas diferentes de Manizales.

Los pasillos en Neira son amplios para el desplazamiento de quienes habitan allí.

Recaudo de recursos, por ley

La Ley 1276 de 2009 garantiza el recaudo de esta estampilla para la protección de los adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén. Los cuidados los brindan los Centros Vida, donde se les debe garantizar atención integral y mejorar su calidad de vida.

El dinero para la atención de esta población se recauda a través de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor. Las estampillas son un impuesto que se cobra sobre los contratos celebrados por las alcaldías o gobernaciones.

Según esa ley, el dinero recaudado por esa estampilla se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros Vida y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano.

El artículo 3 de dicha ley establece que las gobernaciones deben distribuir el dinero recaudado por esta estampilla entre los municipios “en proporción directa” al número de adultos mayores atendidos en los centros vida y en los centros de bienestar del anciano. La ley también deja claro que el valor que recauda cada municipio depende de su categoría (la categoría la establece Planeación Nacional dependiendo del número de habitantes de cada municipio y de los ingresos que esté en capacidad de generar).

Los municipios también pueden recaudar estos dineros y destinar de su presupuesto para financiar la atención de esta población. También puede conseguir otro tipo de recursos, como de cooperación internacional o de donaciones.

La Gobernación de Caldas informó que por concepto de esta estampilla recolectó casi $33 mil millones desde el 2020 hasta el 2023. Explicó que el 80% de esos recursos se asignó a centros día y centros vida y el 20%, para el pasivo pensional del departamento de Caldas.

Sin embargo, al revisar la distribución que la Gobernación hace de ese dinero en los municipios de Caldas no se distribuye equitativamente por el número de adultos a cargo.

Los números no cuadran

En el 2020 Filadelfia, La Merced y Manzanares (de sexta categoría) reportaron el mismo número de adultos mayores por atender: 150, pero el monto asignado por la Gobernación fue distinto. Filadelfia recibió $400 millones; La Merced, $280 millones, y Manzanares, $210 millones.

En el 2022 Pensilvania y San José (que tienen la misma categoría) reportaron, cada uno, 179 personas por atender, pero la Gobernación le entregó a San José $300 millones, mientras a Pensilvania le transfirió $768 millones, más del doble.

Son solo un par de ejemplos, pero hay muchos más, según la respuesta a un derecho de petición.

El caso de La Dorada es, por decir lo menos, llamativo. En el 2021 reportó 390 beneficiarios y solo un año después 690, el doble. La plata que giró la Gobernación pasó de $639 millones a $1.174 millones en un año.

La división de bienestar social de la Secretaría de Integración e Inclusión Social de La Dorada se contradice en la explicación de este incremento. En un inicio argumentó que cada vigencia la Administración municipal hace un convenio con la Gobernación para atender esta población, y que la Gobernación asigna los recursos de acuerdo con su presupuesto. “Es autónoma en la decisión de las partidas a asignar a cada municipio y estos no tienen injerencia en dicha decisión”.

Lo anterior no coincide con la ley, que, como ya contamos, dice que el dinero recaudado debe distribuirse de acuerdo con el número de beneficiarios en cada municipio.

Después justificaron el incremento en que la Gobernación le aprobó a la Administración de La Dorada un proyecto para aumentar el número de atendidos, pues hay 6.605 adultos mayores caracterizados en los niveles de Sisbén I y II en situación de vulnerabilidad, de los cuales 2.791 aún no reciben el beneficio del programa Colombia Mayor, que entrega un subsidio a quienes están desamparados, no tienen pensión o viven en la pobreza extrema.

Agregaron que el aumento del presupuesto se debió a que la Gobernación asignó recursos “en proporción directa” al número de adultos mayores atendidos. Pero la secretaria de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Sandra Patricia Álvarez Castro, dice que el aumento del presupuesto en 2022 fue para la dotación de un Centro Día y para la cofinanciación de la construcción del mismo.

“En un 100% estamos distribuyendo los recursos según la ley, hay unas particularidades en algunos municipios donde se define dar más alimentación o dotación o adecuaciones, según las necesidades expresadas por los alcaldes, entonces se les aumenta un poco, pero por lo regular la distribución de la plata es casi igual para los municipios”, explica Álvarez Castro.

La funcionaria también indica que en la Administración pasada se crearon centros que necesitaban dotación y se hicieron adecuaciones, es decir, se centraron en infraestructura, por lo que algunos municipios recibieron más plata.

Álvarez Castro precisa que la responsabilidad de la ejecución del programa de adultos mayores es de los municipios. En esa Secretaría aseguraron que este año, por ejemplo, la Gobernación apenas reactivó el programa en mayo, por lo que los municipios debieron garantizar el servicio con sus recursos. Álvarez Castro también explica que hay administraciones que contratan operadores para que ejecuten el programa y que estos deben tener el dinero para invertir y luego, con las pruebas de la atención a la población, pedir el reembolso del dinero.

Centros Vida se quejan de que la plata no llega

Maria Elvia Quintero Lemus, del ancianato Fundación Protección al Adulto Mayor de Supía, asegura que por lo general reciben el dinero de la estampilla a inicio de año, en febrero, más o menos, pero que cuando hay cambio de alcalde se retrasa el proceso. Por ejemplo, este año les hicieron un convenio por $54 millones para tres meses, pero hasta hace unas semanas solo habían recibido $19 millones.

“Estamos a punta de préstamos, actividades, estamos muy mal, la semana pasada me tocó prestar dinero para comprar mercado”, dijo en julio pasado.

En ese ancianato atienden a 29 adultos mayores, el año pasado tenían 32. En el 2023 recibieron $119 millones por concepto de estampilla.

Elsy Zuluaga Ospina, representante legal del asilo de ancianos José María Gallo, de Pensilvania, asegura que desde la anterior Administración departamental se han menguado los recursos que reciben por la estampilla, ya que la Alcaldía empezó a contratar operadores que reciben el dinero y lo distribuyen entre los ancianatos, por lo cual se quedan con parte de la plata por la operación.

Zuluaga Ospina no se explica por qué hacen eso si en su caso el asilo tiene razón social y está capacitado para participar en cualquier proceso público para contratar.

“Esa distribución nunca había sido proporcional al número de adultos mayores que tenemos, hasta este año, eso siempre había sido a criterio del mandatario de turno”, asegura.

En el asilo José María Gallo atienden a 40 adultos mayores y la manutención de cada uno cuesta aproximadamente $1 millón 200 mil al mes. Como el dinero que les llega por estampilla no les alcanza y no todas las personas que atienden están en capacidad de pagar una mensualidad para estar allí, consiguen recursos a través de donaciones y actividades como bingos y rifas, entre otras.

Zuluaga Ospina indica que en el 2021 recibieron de la Administración municipal $45 millones más una auxiliar de enfermería y una manipuladora de alimentos, pero solo por unos nueve meses. En 2022 recibieron $28 millones. En Pensilvania hay otros asilos en las cabeceras corregimentales.

En el Centro de Protección Santa Catalina, en Aranzazu, varios adultos mayores toman el sol en el jardín que sirve como entrada al lugar. Mónica Andrea Villa, la enfermera del Centro, informa que allí viven 22 adultos mayores. Adentro, la luminosidad de afuera se reduce un poco, se ve algo de desorden, en el fondo del pasillo alguien trapea y se escuchan quejidos.

Duván Gutiérrez Velásquez tiene 87 años y es el poeta de este centro de protección. Vive allí desde hace ocho años. Sentado en una banca del amplio jardín asegura que se siente bien atendido, que la comida es buena y variada, que tiene acceso a libros y que cada semana va personal de la Alcaldía a hacerles actividades lúdicas.

La enfermera está pendiente de las respuesta de Duván, dice que la información sobre el funcionamiento del Centro la tiene la coordinadora, Camila Guerrero, pero que no está en ese momento en el lugar. LA PATRIA la contactó por teléfono y por WhatsApp en varias ocasiones, pero no fue posible hablar con ella.

A esto se le suma la crisis que vivió en julio pasado la Fundación las Luisas de Marillac, en Riosucio, por falta de dinero. En ese momento le anunciaron a la Alcaldía que le entregarían la operación del ancianato que administran en ese municipio y en el que albergan a 50 adultos mayores. La Alcaldía debió tomar medidas urgentes para proporcionarles dinero y prometió más recursos a corto plazo.

Distribución del dinero, ineficiente

Un trabajo de grado de maestría de la Universidad Externado titulado 'Las reglas de la redistribución de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en Colombia' concluyó que la regla de distribución actual del dinero de la Estampilla pro adulto mayor es ineficiente “porque los municipios con mayores posibilidades de inversión y recaudo, y con una mayor densidad poblacional de Adultos Mayores, se apalancan de los recursos asignados por las gobernaciones departamentales a causa de la ineficiente distribución, impidiendo que los municipios más pequeños puedan apalancarse verdaderamente de un recurso robustecido para implementar programas o proyectos de carácter social que impacten efectivamente a los Adultos Mayores en Colombia”.

Ese análisis señala también que la distribución de porcentajes que señala la ley para la inversión del dinero impide la satisfacción de las necesidades urgentes de los adultos mayores en los territorios conforme a sus realidades sociales porque “equipara en igualdad de condiciones a los municipios de primera categoría frente a los de sexta categoría, lo cual arroja como resultado el desconocimiento de las necesidades individuales de los territorios y propicia un escenario aún más gravoso de pérdida de identidad socio cultural sobre los adultos mayores que lo cohabitan”.

Los recorridos realizados por los centros vida, los testimonios de las personas que administran estos lugares y el análisis académico demuestran inequidad en el presupuesto y una urgente necesidad de hacer ajustes para garantizarles una vida digna a los adultos mayores que por múltiples circunstancias están desprotegidos.

*Esta investigación se hizo en conjunto con Pensé que 'Voz' sabías.

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