Julieta Lemaitre Ripoll, la magistrada que preside el macrocaso 01 que incluye secuestros perpetrados en Caldas y Risaralda.

Foto | Cortesía JEP | LA PATRIA

Julieta Lemaitre Ripoll, la magistrada que preside el macrocaso 01 que incluye secuestros perpetrados en Caldas y Risaralda.

De 4.056 víctimas dentro del caso 01 de secuestros, que le investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Bloque Noroccidental de las Farc (Bnocc), 20 hechos están relacionados con secuestros individuales o múltiples en Caldas.

Este grupo, también conocido como el Bloque José María Córdoba, Efraín Guzmán o Iván Ríos, tuvo su área de influencia además en Antioquia, Risaralda, Chocó y el sur de Córdoba.

Sin embargo, y según indicó la JEP, la Fiscalía trasladó información en el 2018 de 127 denuncias de secuestros cometidos en Caldas, en donde las extintas Farc serían las responsables, y en donde tuvieron participación los frentes 9, 47 y el Aurelio Rodríguez.

Sobre los 20 casos que asumió la JEP, 11 víctimas reportaron malos tratos durante el cautiverio, los cuales consistían en caminatas extenuantes, tortura, amarres y provisión de insuficiente agua o comida. También se tiene el registro de una persona desaparecida en el 2004 y otra asesinada en 1992.

 

Luego de la imputación

El pasado 4 de septiembre, la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll les imputó cargos a siete antiguos comandantes del Bnocc.

Ellos dispondrán de 30 días hábiles (hasta el 17 de octubre) para estudiar los señalamientos y decidir si reconocen los hechos o hacen observaciones, igual que las familias de las víctimas acreditadas.

Posteriormente, el Tribunal analizará, con los elementos recogidos, si se llama a diligencia pública. En caso de que no acepten, los exguerrilleros podrán ir a juicio, tal como ocurrió recientemente con el excomandante del Ejército Publio Hernán Mejía, quien niega cargos por ejecuciones extrajudiciales con el Batallón de La Popa.

En caso de que estos acepten su responsabilidad, se adelantarán encuentros privados entre victimarios y víctimas, se iniciará la justicia restaurativa y el Tribunal analizará qué sanciones imponer, todo por medio de un proceso dialógico.

Esta ley estatutaria tiene una lista, pero es ilustrativa, no taxativa. Podrán ser labores de desminado, trabajar en proyectos productivos o ver las propuestas con una visión reparadora en el sentido simbólico y colectivo o que proponga la víctima.

En esto deben sopesar las limitaciones y el reto logístico, según indica Lemaitre Ripoll.

 

Las Farc y Caldas

Para la magistrada, la cifra de víctimas puede parecer poca, pero en este macrocaso trabajan con aquellas víctimas que quisieron estar en el proceso.

Existe la hipótesis de que algunas no quisieron revivir la dolorosa experiencia, están en el exilio o consideraron incluso que no fue algo grave.

"Hay gran diversidad de emociones, edades, estratos o profesiones. Realmente lo que tienen en común (los secuestrados) es que son mayores de edad, pero es una gran diversidad con sus propias historias", explica.

Ante el bajo número con el que se trabaja en Caldas, esto obedecería a que ante Justicia y Paz se sometió un alto número de desmovilizados, incluidos los del Frente 47, comandado por alias Karina. En cambio, otros terminaron muertos.

Esta sentencia consta de 5 mil páginas aproximadamente y salió hace un año. En el documento se consigna gran cantidad de los horrores que padecieron los ciudadanos a manos de las Farc, aunque esto servirá de insumo para el proceso que adelanta la JEP.

 

Los tres patrones de secuestro de las Farc

1. En gran escala, tenían a los secuestrados como medio de chantaje para liberar a guerrilleros. Figuraron civiles y miembros de la fuerza pública (especialmente estos últimos), quienes padecieron periodos en circunstancias difíciles con bombardeos e intentos de rescate, en los que cayeron por ejemplo los 11 diputados del Valle, o el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el asesor de paz Gilberto Echeverri con 8 militares, todos secuestrados.

2. Por dinero. Vivían dependiendo de la economía en donde se ubicaban. Si eran zonas urbanas, fincas de recreo o agricultores con buenos ingresos, acudían al secuestro económico. Obligaban a las víctimas a largas caminatas y las tenían en su poder entre 3 y 6 meses hasta que la familia pagaba el rescate, o terminaban matándolas.

3. Por control de territorio. Ejercían control en territorios y si alguien era sospechoso, lo retenían y lo señalaban de tener vínculos con Ejército o paras. Se trataba de personas vulnerables, a quienes retenían por no obedecer órdenes, les daban malos tratos y terminaban matándolos. Personas humildes como poblaciones flotantes en torno a cosechas o vendedores ambulantes fueron su blanco.

Reclutamiento y secuestro

En el macrocaso 01 se diferencia el secuestro del reclutamiento forzoso, que está en el macrocaso 07, consistente en personas reclutadas ilegalmente y las consideran como guerrilleros o guerrilleras.

 

Contexto de los frentes

- El Frente 9 surgió en 1978 y llegó con una escuadra proveniente del Magdalena Medio a Marquetalia, Marulanda, Manzanares y Pensilvania. Más tarde creció y se desplazó hacia los municipios de Norcasia y Samaná.

- En 1989 surgió el Frente 47 también conocido como Leonardo Posada Pedraza o Rodrigo Gaitán. Surgió inicialmente como una compañía producto del desdoblamiento de frentes que operaban en el Magdalena Medio (4, 12, 20 y 24), y se ubicó con 53 combatientes en el occidente de Caldas.

- En la vía Medellín - Manizales - Pereira, de las subregiones Oriente Antioqueño y Valle de Aburrá y suroriente de Chocó, y occidente de Caldas y Risaralda, operaron los Frentes 9 y 47 y, luego de su creación en 1997, el Frente Aurelio Rodríguez.

Lea también: Tres secuestros en Caldas están en informe de la JEP

 

Historias de secuestros

- El 10 de julio de 1998, 12 miembros del Frente 47 interceptaron a un hombre, cuando se movilizaba hacia Riosucio. Luego de tres meses de cautiverio, se llegó a un acuerdo de pago y la esposa y la hija de la víctima, de 16 años, debían entregar personalmente el dinero y recibir a la víctima en la vía a Jardín (Antioquia).

Sin embargo, al recibir el dinero, los guerrilleros retuvieron a la menor como supuesta garantía y obligaron a la pareja a marcharse. Dos meses después, tras otro pago, devolvieron a la joven. Meses después declararon al hombre como objetivo militar y tuvo que desplazarse.

- El Frente 47 extorsionaba a un comerciante samaneño, quien a pesar de pagar terminó secuestrado el 27 de abril de 1999, cuando se desplazaba a su finca. Estuvo encadenado y cautivo por tres meses. Le exigieron $125 millones a su familia por la liberación.

- El 4 de agosto de 1996, en la laguna de San Diego (Samaná), el Frente 9 secuestró a un comerciante italiano, mientras departía con unos amigos en un predio de su propiedad. Estuvo cinco meses secuestrado hasta que su familia pagó por el rescate. Debido a su grave estado de salud debieron remitirlo a Bogotá.

- El Frente Aurelio Rodríguez secuestró a un transportador junto a sus dos hijos, de 5 y 7 años, en Anserma. Luego de trasladarlos en un carro, los obligaron a caminar por un kilómetro. Ante las súplicas, acordaron liberar a los niños, pero cuando la esposa llegó a recogerlos, los guerrilleros los dejaron libres y la retuvieron a ella. 15 días estuvo en su poder, hasta que recibieron el dinero.

- El 5 de agosto del 2000, el Frente Aurelio Rodríguez secuestró en Riosucio al entonces Representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano. El 27 de octubre del 2008 se fugó con un guerrillero que lo custodiaba en San José del Palmar (Chocó). A Juan Carlos, un hijo del político, lo raptó el Epl en Quinchía (Risaralda) en la vía Medellín - Pereira. El Ejército lo rescató el 22 de julio en el mismo municipio.

*Según la JEP, hay casos registrados, pero en los que las víctimas no han hecho demandas de reconocimiento y verdad.


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