LA PATRIA | MANIZALES

Su vida pública está conformada por 38 años de servicio administrativo. La primera vez que llegó al cargo fue en el periodo 2016-2019. Ahora lo asume por segunda vez, pero solo por 17 meses que empezaron a correr desde el pasado miércoles, cuando la Asamblea lo nombró titular del cargo, luego de que el proceso de elección se dilató dos años y 10 meses por acciones judiciales. Según él, hasta ayer recibía información de cuántos hallazgos se tienen y cómo va la ejecución del programa de auditorías.

Luego de los obstáculos para elegir contralor, ¿cree que se debe cambiar la forma de elección?

Se hizo un gran intento con la modificación de la Constitución que buscó que los contralores no fueran elegidos a dedo, directamente a través de un terna, sino que se produjera una convocatoria pública. Efectivamente se hizo la convocatoria pública por medio de una universidad y creo que ese debería ser el deber ser y la razón. Pasa que se desnaturaliza. Desafortunadamente hay intereses personales o políticos que buscan que se deteriore el proceso de convocatoria, como sucedió. Digamos que el principio de la ley es bueno, pero hay circunstancias que lo dañan.

Quienes han seguido de cerca el proceso indican que al final quien llega es por un partido político, ¿qué piensa de eso? En su caso, ¿por qué partido político llega al cargo?

No olvidemos que esto es por Constitución y por ley. Una de las funciones electorales que tienen las asambleas departamentales es elegir a su secretario general y al contralor departamental de una terna, después de haber surtido un proceso. La composición de las asambleas es totalmente política. Está mezclada con la participación de diferentes matices políticos. Las dumas ejercen su función democrática en acuerdos políticos que hacen, esa es la democracia y así lo establece la ley. Hasta que no lo cambie la ley, se seguirá haciendo de esa manera. Mi afiliación política ha sido tradicionalmente conservadora. Tengo una hoja de vida y una historia administrativa que le debe dar credibilidad a quienes votaron por uno, no tanto la filiación política.

Durante el proceso hubo más de 50 acciones judiciales, ¿usted cuántas presentó?

Presenté solo una acción de tutela porque la Universidad del Atlántico, que fue la convocada para que hiciera el proceso, nos dio ubicación dentro del puntaje de las pruebas académicas y no lo quería reconocer. Presenté una acción de tutela y logré que se mejorara el puntaje, ellos manifestaban que había sacado determinado número de puntos positivos y yo tenía dos más. No me los querían reconocer. A través de la tutela logramos la calificación exacta.

¿Qué más cambios hará aparte de los que anunció la semana pasada?

Lo principal es el plan estratégico de la entidad y el plan de acción, que va hasta el 31 de diciembre del 2025. El tiempo es corto. Son 17 meses que, si los llevamos a semanas y días hábiles, se acortan más. Aquí no hay que llegar a improvisar. La fortuna mía es que conozco la entidad, cada uno de los procesos y sé a donde hay qué ir directamente. Por ejemplo, estamos en un proceso de empalme y de mirar qué se está ejecutando. Hoy (ayer) tenemos un comité directivo para ver el avance de lo que se está haciendo y realizar los ajustes que sean necesarios, pero el plan de auditorías y las quejas ciudadanas que se han presentado tienen que seguir adelante, tienen que marchar de manera tal de que no se obstaculice y que no se presenten, por ejemplo, en el caso del proceso de responsabilidad fiscal, prescripciones y caducidades. Aquí hay un proceso que se llama coactivo y otro sancionatorio. Los términos son estrictos y no se pueden dejar vencer. Hay denuncias ciudadanas que requieren atención inmediata y la Auditoría General de la República, que es la entidad que nos hace control. No le podemos dar pie para que nos investiguen. La planeación estratégica si hay necesidad de modificarla y ajustarla, lo haremos.

Varios expertos cuestionan la existencia de las contralorías territoriales e incluso indican que deberían eliminarse. ¿Qué piensa?

Desde el 2002, en el gobierno del expresidente Uribe, se han hecho varios intentos para acabar con las contralorías. De hecho, en el 2019 también se presentó un proyecto de ley y lo que lograron fue modificar la forma de la elección que fue con el acto legislativo del 2019 porque existe una creencia de que estos entes son politizados o que no nos sirven y no dan resultados. Debemos trabajar de la mano con la ciudadanía y con los veedores ciudadanos. Ocurre que la capacidad técnica de las auditorías para identificar hallazgos administrativos, con alcances disciplinarios, fiscales o penales, es buena, pero si no tenemos la seguridad jurídica y objetiva de que se cometió un ilícito, es muy difícil comprobarlo. Es difícil atender lo que la gente quiere que uno haga a nombre de ellos cuando no tenemos las evidencias y la parte probatoria. Si no tenemos estas entidades de control, si no existe este mecanismo para hacerles control, verificación y seguimiento a los objetos de control, sí que quedarían en una libertad generalizada los administradores públicos y eso permitiría que la corrupción creciera.

¿Con cuánto presupuesto recibe la Contraloría?

Es un presupuesto de $6 mil millones. De estos, el 90% se va en nómina. Tenemos entre 49 y 50 funcionarios de carrera administrativa, aproximadamente siete de libre nombramiento y remoción y entre dos o tres contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión que, por ley, en las contralorías departamentales no podrían existir a no ser que se demuestre que esas funciones o actividades no están dentro de las de otros funcionarios.

Otros cargos

Juan Carlos Pérez Vásquez ha sido gerente de la Lotería de Manizales (1999), director de control interno de la Chec (2001-2007), personero de Manizales en dos oportunidades (2008-2012 y 2012-2016), contralor general de Caldas (2016-2019) y director técnico de asuntos nacionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (2021-2022) por mencionar algunos.

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