LA PATRIA | MANIZALES

Defender la libre competencia, la protección de los derechos económicos y el derecho a la autodeterminación de cada colombiano a elegir el aguardiente de su preferencia sin restricciones.

Ese fue el llamado del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, como el gerente de la Licorera de Caldas (ILC), Diego Angelillis Quiceno, durante la audiencia pública que realizó este lunes (7 de octubre) la Corte Constitucional, dentro del proceso que se adelanta para definir la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016.

Este reza puntualmente que los departamentos que ejerzan el monopolio de la producción de forma directa o por contrato están facultados para suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, nacional o extranjero, en sus regiones.

Por esta razón, insistió que dicha norma "no solo crea monopolios comerciales inconstitucionales, sino que vulnera la libre competencia y el derecho de los consumidores a elegir". Eso, dijo, se contradice el propósito del monopolio rentístico, que debe generar recursos para fines sociales, no para proteger fábricas a expensas de la industria nacional y los consumidores.

Restricción

Parodiando el dicho de que nadie es profeta en su propia tierra, Angelillis Quiceno insistió que debido a esta norma, el Aguardiente Amarillo de Manzanares, por ejemplo, hoy no se puede comercializar en el 67% del país. "Fíjense en la paradoja: la norma para proteger el aguardiente colombiano prohíbe a los colombianos consumirlo en su propio país. Un aguardiente nacido en la cuna de los Andes, en el departamento de Caldas, está desterrado, y se consigue más fácil en Miami o en Madrid", lamentó.

También expuso que regiones como Cundinamarca, que revocó el permiso de ingreso del Amarillo, tampoco le ha servido para mejorar las ventas de su fábrica de licores departamental. En contraste, recordó que pese a ese freno, desde la expedición de la Ley a la fecha, la ILC les ha pagado a los departamentos de Colombia $572 mil 585 millones en rentas del monopolio, solo en la categoría de aguardientes, destinados a financiar la salud y la educación de sus departamentos.

Identidad

En su intervención, el gobernador de Caldas aseguró que se busca garantizar que el aguardiente, "un símbolo de nuestra identidad", pueda comercializarse sin fronteras en todo el territorio nacional y que se permita a los ciudadanos elegir libremente el de su preferencia, (un mercado regulado, pero abierto y competitivo). "La actual regulación no solo limita la libertad de las personas, sino que incentiva indirectamente la ilegalidad y el consumo de productos adulterados" aseguró.

Por eso les pidió a los magistrados que le permitan al ciudadano común compartir con sus seres queridos un buen aguardiente, sin temor que sea adulterado o pagar precios excesivos por esa restricción. "En definitiva, defender este derecho es defender la libertad, la justicia y la dignidad de cada colombiano”, concluyó. La Corte escuchó, falta su decisión.

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