En la operación denominada Redención, la Carder en compañía de la Policía Nacional, Ejército de Colombia, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, le asestaron un golpe a la minería ilegal en Risaralda. 

El operativo se realizó en la madrugada del martes 5 de noviembre por las instituciones mencionadas, después de ser alertados por vigías ambientales quienes indicaron que habían visto maquinaria operando en el corregimiento de Irra, en Quinchía Risaralda, 

El equipo conjunto se desplazó a la zona, logrando incautar maquinaria utilizada para extraer material del río: dos retroexcavadoras y dos planchones de más de 2.000 metros cuadrados que habían sido instalados directamente sobre el cauce del río Cauca, así como una trituradora que es utilizada para extraer el oro presente en el material pétreo del lecho del río. 

El equipo  técnico en campo de la entidad, aclaró que, pese a no encontrar actividad minera en curso, sí hallaron presencia de maquinaria de minería en un lugar diferente al que se menciona en el título minero y sin permisos por parte de la autoridad ambiental, razón por la cual decomisaron la maquinaria. El valor de los elementos incautados se estima en cerca de $11.000 millones.

Según las autoridades ambientales, las personas no tenían tenían los permisos de la Agencia Nacional Minera para establecerse en el polígono en el que se encontraban, además de no tener permisos de ninguna autoridad ambiental, ni de la Carder, ni de Corpocaldas. 

Este sector específico del río ha sido declarado sujeto de derechos, lo que implica mayores exigencias para la protección de su ecosistema, y limita drásticamente cualquier actividad que pueda comprometer la salud ambiental del área.

En medio de la operación, las autoridades enfatizaron que contar con un título minero no es suficiente para realizar actividades en el río Cauca, ya que este debe estar acompañado de la correspondiente licencia ambiental. 

El operativo, según el director de la Carder, las personas involucradas, tienen como plazo un mes para el desmonte de la maquinaria instalada y podrían recibir una multa aproximada de $130 mil millones. 

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