A las empresas que solicitaron ser reconocidas como víctimas indirectas del proceso, les adeudarían cerca de $700 millones 

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El proceso judicial contra Carlos Maya, exalcalde de Pereira, el exsecretario de infraestructura municipal, Milton Hurtado García y los interventores José Alberto Rojas Prieto, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, José Gabriel Vargas Carvajal y el contratista Carlos Guillermo Suarez, fue postergado hasta el próximo año, después de que los abogados defensores interpusieron peticiones de apelación. 

Los argumentos de los abogados defensores y de la Procuraduría, la fundamentaron en que el juez delegado pidió vincular a cuatro empresas privadas como víctimas indirectas del proceso, al haber presuntamente prestado servicios al Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, durante la primera fase de ejecución de la Avenida Los Colibríes.

La petición la hizo el juez en el desarrollo de la audiencia, después de que las empresas le solicitaron ser reconocidas como víctimas del proceso ya que, según se informó, tendrían una deuda con ellas de aproximadamente $700 millones por los servicios prestados. 

Ante la petición, tanto la procuraduría como los abogados defensores interpusieron peticiones de apelación, argumentando que las empresas debían acudir a una ruta distinta a la ya iniciada.

Después de aceptarse la apelación, la audiencia quedó programada para marzo de 2025. Esta nueva fecha ha puesto en debate el funcionamiento del sistema judicial y las garantías que ofrece, por la posibilidad de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos. 

El plazo máximo de que los implicados sean llevados a juicio, según el Código Penal Colombiano, es de 240 días hábiles. Si este plazo se excede los acusados pueden quedar en libertad. Para el caso del exalcalde Maya y de los otros procesados, los términos podrían cumplirse en julio de 2025. 

A los implicados se les imputan cargos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, obtención de documento público falso, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, abuso de autoridad, y peculado por apropiación bajo circunstancias agravadas. 

 


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