LA PATRIA | MANIZALES

Medida de aseguramiento en cárcel le dieron al exalcalde de Pereira Carlos Maya, investigado por posibles irregularidades en la avenida Los Colibríes. La decisión fue apelada por su abogado, pero este lunes el juez que resolvió la segunda instancia la confirmó.

Lo mandan para la cárcel La 40, por considerarlo un peligro para la sociedad y para el proceso.

La decisión también cobija al exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado y al interventor de la obra José Alberto Rojas Prieto.

"Carlos Maya es un peligro para la sociedad", dijo la juez de control de garantías, antes de ordenar la detención intramural en la cárcel la 40 para Maya y su equipo de trabajo.Se les investiga por el presunto robo de $20 mil millones en la obra Avenida Los Colibríes. La defensa apelará de la medida de aseguramiento.

Les Imputaron siete delitos, incluidos peculado por apropiación y contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

Comunicado de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del exalcalde de Pereira (Risaralda), Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura de la misma ciudad, Milton Hurtado García, y el interventor José Alberto Rojas Prieto, como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la construcción de la Avenida Los Colibríes, que inició entre marzo y abril de 2021 y se extendió hasta diciembre de 2023.

El proyecto contempló una obra de 3.400 metros, por un valor superior a 32.037 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el presupuesto no estaba asignado ni los estudios previos terminados; sin embargo, el contrato fue celebrado con un oferente específico, desconociendo lo dispuesto en la normatividad vigente.

Asimismo, se estableció que, al iniciar los trabajos en el terreno, la administración municipal habría solicitado verbalmente cambios al trazado, los cuales no estaban contemplados en la licitación. De esta manera, se dispuso pasar de cuatro a seis carriles, y ubicar subterráneamente las redes eléctricas. Para la Fiscalía, estas modificaciones debían tramitarse en un contrato nuevo por tratarse de objeto distinto al definido.

Estos cambios, al parecer, motivaron dos adiciones presupuestales, una por 16.000 millones de pesos y otra por 4.300 millones de pesos, las cuales se desembolsaron sin que fuera ejecutada la obra. Esto generó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que la Alcaldía de Pereira presuntamente consignó información falsa en las actas para girar los dineros al contratista. A esto se suma el concepto de interventoría, que daba por cumplida la responsabilidad civil, cuando la realidad era otra.

Esto también facilitó el flujo de los recursos. Por estos hechos, Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Risaralda imputó al exalcalde, al exsecretario municipal y al interventor, de acuerdo con su posible

participación, los delitos de falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y prevaricato por acción.

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida privativa de la libertad en centro carcelario.

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