LA PATRIA| MANIZALES

Cuatro exfuncionarios de la Universidad de Caldas -un hombre y tres mujeres- enfrentan un proceso por concusión e interés indebido en la celebración de contratos.

“Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron como origen el traslado que efectuó el profesional especializado del Grupo Formal de Trabajo Disciplinario de la Universidad, William Felipe Ibáñez Jurado, producto de la investigación disciplinaria surtida en contra de dos antropólogas y servidoras públicas vinculadas a esa institución.

Juan Camilo Guerrero Arce, administrador de sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, indicó que en el 2012 Juana Catalina Chávez Castaño lo contactó para hacerle una propuesta de trabajo en la U. de Caldas como asistente del Sistema Integrado de Análisis Territorial adscrito al Doctorado en Estudios Territoriales, que pertenece al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas del Departamento de Antropología.

Le explicó que el trabajo era como contratista, por ocho meses, y debía elaborar una base de datos para manejar toda la información que ellos tenían en el Instituto, pero nada le indicó sobre su salario y las condiciones.

En mayo de ese año, Juan Camilo volvió a reunirse con la mujer, momento en el que ella le manifestó que para poder contratarlo debía darle de su salario $300 mil, lo cual le pareció normal y por eso accedió a ello, pues era la primera vez que laboraría, no tenía experiencia y menos en el sector público.

"Así trabajamos"

La antropóloga lo invitó a que siguiera con el proceso de contratación para que presentara una nueva propuesta económica, como la requería el Instituto, le envió un modelo de propuesta y las indicaciones de cómo hacerla para que fuera aprobada.

Después de que Juan Camilo comprometió su palabra y pagó la estampilla pro-universidad, la mediadora le notificó que su sueldo sería de $1 millón 715 mil 514, pero que ya no debía darle $300 mil, sino $500 mil. El contratista mostró su inconformidad y ella le respondió que entonces no podía ser contratado.

Ante esas condiciones, se vio obligado a aceptar las señaladas condiciones, además porque desconocía para qué era el dinero. Para la Fiscalía, eso denota un contrato totalmente direccionado.

Guerrer Arce empezó a laborar el 8 de agosto del 2012 y durante los primeros seis meses realizó las transferencias electrónicas de su cuenta de ahorros a la de la antropóloga, pero al séptimo no lo hizo y se lo comunicó a la señora por correo electrónico, al considerar esa exigencia algo indebido y no contemplado en el contrato.

Tras esa situación, ella lo contactó de manera personal y le exigió el cumplimiento del acuerdo, al paso que le avisó que eso lo tenía que saber Beatriz del Socoro Nates Cruz, directora del Doctorado en Estudios Territoriales (otra procesada), por lo que el 11 de febrero del 2013 fue llamado a una reunión a la Sala de Posgrados del Instituto, donde las dos antropólogas le pidieron que ·reflexionara sobre el pago del dinero exigido, ya que ellos contrataban así y era muy normal que se hiciera de de esa manera".

La presión no valió y Juan Camilo, al día siguiente, le comunicó por correo electrónico que no consignaría más.

"Me había dado una cuenta de Bancolombia y en cada mensaje me la recordaba, especialmente cuando me demoraba en consignar. Hasta llamaba a la Oficina Financiera de la Universidad para indagar por mi pago mensual y la fecha del mismo, incluso un día me acompañó al cajero automático para que hiciera la transacción", narró el afectado.

Adujo que formuló tardíamente la queja por cuanto se enteró de que ella dio malas referencias suyas para un trabajo en la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

"El trámite contractual no dejó de ser entonces algo simulado, en tanto no se verificó la experiencia laboral inmersa en el escrito de invitación a cotizar, suscrito por Carlos Emilio García Duque (otro procesado), ordenador del gasto en calidad de vicerrector de Investigaciones y Posgrado, y para efectos de este contrato valió lo acotado por el contratista, sin refrendar que no había tenido experiencia laboral, demostrando así que la contratación fue irregular", contó el ente acusador. Ana María Rubiano Jiménez es la otra persona que aparece vinculada a este caso, pero no se explica en qué consistió su labor.

¿En qué va?

El proceso arrancó en el 2015, pero hubo varios impedimentos de los jueces, por diversas razones. Terminó en manos del Juzgado Quinto Penal del Circuito. El juicio oral se aplazó para el 10 de febrero del próximo año, por solicitud del abogado de una señalada. El proceso no quiere decir que sean culpables, será un juez de la República el que determine si son o no responsables.