Manuel Fuentes
EFE | LA PATRIA | América

El Gobierno de Venezuela ha desencadenado una inédita crisis diplomática simultánea con siete países de América Latina a raíz del cuestionamiento de estos acerca de la transparencia y limpieza de las elecciones del pasado domingo en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato con un 51,2% de los votos, un resultado que la oposición considera “fraudulento”.

Los países afectados son Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Algunos de ellos han retirado motu proprio a sus representantes diplomáticos tras denunciar irregularidades en los comicios que dieron la victoria a Maduro y otros han sido obligados por Caracas a cerrar sus embajadas en el país caribeño y retirar su personal.

Todos ellos, excepto Chile, emitieron el pasado lunes una declaración conjunta en la que exigían la revisión completa de los resultados electorales y pedían una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que finalmente tuvo lugar ayer. La solicitud también estaba respaldada por Ecuador, Guatemala y Paraguay.

Del mismo modo, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su preocupación y críticas sobre los comicios.

Las reacciones de los líderes de los dos países latinoamericanos que tienen frontera con Venezuela (Guayana también es limítrofe) y que acogen a buena parte de los casi ocho millones de venezolanos desplazados que según la ONU hay en todo el mundo, apuntan a la existencia de irregularidades y falta de transparencia en el proceso electoral.

Argentina, la situación más compleja

La posición más complicada es la de la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis asilados venezolanos que meses atrás buscaron refugio se encuentran en una situación precaria, lo que les hace temer por su seguridad y la de sus familias.

La embajada, según denunciaron las autoridades argentinas, ha sido objeto de asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han rodeado el edificio y restringido el acceso a suministros básicos y apoyo externo.

Esta presión ha aumentado debido a la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en que la embajada debe cerrar sus puertas y entregar a los asilados.

El Gobierno argentino ha solicitado la intervención de organismos internacionales para proteger a los asilados y garantizar la integridad de su representación diplomática. Sin embargo, las tensiones siguen en aumento y la situación sigue siendo incierta para todas las partes involucradas.

Panamá, por su parte, ha puesto en suspenso sus relaciones diplomáticas con Venezuela, y ha retirado a su cuerpo diplomático hasta que se revisen las actas de las elecciones.

La Cancillería peruana en tanto ha rechazado los resultados y llamado a consultas a su embajador en Caracas.

El presidente dominicano, Luis Abinader, consideró indispensable un recuento de las actas con verificación internacional.

En Uruguay, el Gobierno de Luis Lacalle Pou calificó de injustificada y desproporcionada la expulsión de su personal diplomático por parte de Venezuela.

Costa Rica, que no cuenta con embajada ni personal diplomático en Venezuela desde 2020, ha calificado de “fraudulenta” la proclamación de Maduro y ha repudiado categóricamente los resultados electorales.

El G7 pide transparencia

Los ministros de Exteriores del G7 apelaron a que el resultado de las recientes elecciones de Venezuela “refleje la voluntad del pueblo venezolano”, y llamaron a las autoridades del país “a publicar los resultados
electorales detallados con total transparencia”.

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