LA PATRIA | MANIZALES

$400 millones aproximadamente es el costo de los estudios detallados que debe realizar Manizales en el barrio Asís-Jazmín para saber si hay riesgo en las laderas que circundan el Centro Integrado de Servicios Comunitarios (Cisco).

La medida se adopta luego de que el ciudadano Miguel Arturo Pinilla Cardona radicó una acción popular, exigiendo protección de los derechos e intereses colectivos, que falló a su favor el Tribunal Administrativo de Caldas en agosto del 2021. Asimismo, el Consejo de Estado profirió sentencia en segunda instancia en octubre del año pasado para saber si el terreno es mitigable o no.

Antecedentes

La zona está enmarcada dentro del fallido Macroproyecto San José, que inicialmente contemplaba hacer una relocalización del familias. Es decir, pasarlos de sus casas a los apartamentos que se construirían en esa misma zona. No obstante, debido a los inconvenientes para desarrollar la obra esas zonas quedaron aisladas y no hubo avances en ocho años tras el paso de las administraciones de José Octavio Cardona y de Carlos Mario Marín en lo relacionado con vivienda, pero sí se logró culminar la avenida Colón con Cardona.

La actual Alcaldía de Jorge Eduardo Rojas propone acabar con la figura de macroproyecto en la Comuna San José para poder hacer inversión, pues, según dijo a LA PATRIA Radio durante el balance de sus 100 días de gobierno, "al hacer inversión social, comunitaria y de infraestructura, la comuna empieza a mejorar".

En estudios

Con los estudios que ordena el fallo se pretende saber qué pasará con las familias. En ese sentido, se verificará si el terreno es apto para que puedan mejorar sus condiciones sin necesidad de relocalizarlos.

Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, manifestó que esta Administración lo que pretende es proteger la vida de las comunidades, así como su infraestructura y sus viviendas.

"Ese estudio detallado nos va permitir identificar si el riesgo es mitigable o no, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que es el Decreto 1077. El Plan de Ordenamiento Territorial ya estableció que es una zona de riesgo y vamos a realizar unos estudios detallados este año en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en los cuales tenemos que hacer prospección, geomorfología, muestras de suelo y determinar en detalle cuáles son las condiciones de amenaza alta, media y baja, así como la exposición y vulnerabilidad, para definir si el riesgo es mitigable o no", dijo.

Agregó que, en caso de ser mitigable, implementarán las medidas de reducción que correspondan, pero si el riesgo es no mitigable, harán todo un proceso de reubicación.

Asimismo, enfatizó en que han realizado seguimiento al comportamiento de la ladera de manera permanente y que hasta el momento no se ha identificado alguna condición que indique que se está desplazando el terreno. Además, enviaron a la zona el programa de guardianas de la ladera para hacer intervenciones en obras de estabilidad, por lo que se efectuó rocería, limpieza de cunetas y canales.

Según Rivera, están recibiendo cotizaciones para sacar el proceso del estudio adelante.

Mitigación

"Si como resultado del estudio detallado el riesgo es mitigable, inmediatamente tenemos como municipio la potestad de implementar las medidas de reducción y lo que corresponde al tratamiento de mejoramiento integral (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, infraestructura, entre otros elementos) porque será permitido cualquier tipo de intervención que pueda realizar el municipio buscando la calidad de vida de la población", afirmó Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales.

Medidas

El fallo establece que si el estudio en detalle establece que la zona del barrio Asís-Jazmín tiene riesgo no mitigable, el municipio de Manizales deberá efectuar un censo para saber las características de la población: número de familias situadas en la zona de riesgo cuyas viviendas fueron construidas con autorización de las autoridades, de las que edificaron sus casas sin autorización y de las no han sido beneficiadas de ningún por ningún proyecto de vivienda subsidiada.

Asimismo, detalla que en caso de que las familias se rehúsen a abandonar la zona, el alcalde deberá ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades competentes.