EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El 94% de las denuncias puestas en Colombia entre 2010 y 2023 por corrupción en la administración pública quedaron impunes, informó ayer el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en la presentación del primer mapa de impunidad del país.

“De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582 entre los años 2010 y 2023 de las cuales el 93,99% no tienen condena; el 89,7% sin captura, y el 77,15% están en indagación”, informó Idárraga.

Los delitos más recurrentes en la administración pública durante estos años según las denuncias interpuestas son el fraude por apropiación, con un 26% de las denuncias; el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con un 24%, y la concusión, cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir sobornos, con el 10,1%.

Según los datos, los departamentos de San Andrés y Guaviare superan el 99% de las denuncias asociadas a corrupción que no han tenido condena, seguidos de Bolívar, con el 98,6%.
Bogotá es el único departamento que se encuentra por debajo del 90%, concretamente el 88%.
Además, los delitos asociados a la corrupción sin capturas los encabeza con el 98,6% el departamento de Vaupés, seguido de Guaviare (98%) y Guainía (96%).

“Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como nación causa vergüenza”, explicó Idárraga en la rueda de prensa.

No obstante, destacó que el Gobierno fortalecerá a las instituciones “para acabar con esta impunidad en el país”.

“Aquí no hay corrupción buena o mala, corrupción es corrupción y seremos implacables para combatirla”, señaló el secretario de Transparencia, que destacó que si no cambian las políticas “se volverá costumbre la aparición de personajes que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”.

Convoca a la Comisión Nacional de Moralización

Para avanzar en la aplicación de justicia, el secretario de Transparencia, Andrés Idárrag, anunció que convocará a la Comisión Nacional de Moralización, la máxima instancia anticorrupción de Colombia, que contará con la participación del presidente, Gustavo Petro, e instituciones como el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Fiscalía, entre otras.