EFE / LA PATRIA / La Haya
Bogotá defendió ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la disputa abierta con Nicaragua, que la plataforma continental reclamada por Managua como un derecho “no” puede extenderse legalmente dentro de las 200 millas náuticas de Colombia, en respuesta a preguntas planteadas por este tribunal.
El agente colombiano ante la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina, tuvo el turno de la palabra, después de que el lunes Nicaragua defendiera su posición sobre la controversia con Colombia por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.
Valencia-Ospina señaló que los argumentos de Colombia han sido “de triple naturaleza: legal, técnica e institucional”, pero en esta primera vuelta de alegatos orales solo puede centrarse en dos preguntas planteadas por la CIJ: primero, si -según el derecho internacional consuetudinario- puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
Además, la CIJ les pidió aclarar si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas de “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”. La postura colombiana para ambas preguntas fue: “No”
El agente colombiano subrayó que la postura de Bogotá “se ajusta a la ley del mar” y “está firmemente respaldada por la práctica de los Estados, y está en línea con los puntos de vista de los Estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra la petición desorbitada” de Nicaragua. Una de las normas a debate en este caso es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés).
“Las dos preguntas planteadas por el tribunal son preguntas preliminares que no entran a discutir delimitaciones marítimas. Subrayo este punto porque Nicaragua trató la delimitación marítima. No había razón para que el agente (nicaragüense) considerara lo que constituye una solución equitativa según el artículo 83 de la UNCLOS”, agregó Valencia-Ospina.
Añadió que Colombia es “el primer país, y ojalá el último, que tendrá que defenderse en un caso en el que la totalidad del área supuestamente relevante se ubica más cerca de su costa que la del solicitante”, pero aseguró que Bogotá seguirá “participando en los procedimientos judiciales” ante la CIJ para defender su posición.