EFE | LA PATRIA | MEDELLÍN

Siete exmilitares colombianos admitieron este jueves en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín que las ejecuciones, mal llamadas falsos positivos, se volvieron "sistemáticos a nivel nacional cuando el general Montoya toma el mando de la séptima división" bajo la premisa de que "los únicos resultados que contaban eran los muertos".

En la sesión explicaron cómo era el modus operandi del "patrón dos" entre el 2002 y el 2006 en Dabeiba, al noroccidente de Antioquia, una región en donde abundaban habitantes de calle y era foco de personas vulnerables, drogadictos o personas con trastornos mentales a quienes asesinaban para hacerlos pasar por guerrilleros.

El "patrón dos" fue un modo de operación que se replicó en otras partes de Colombia, aseguró el exsargento Fidel Ochoa.

El excoronel Efraín Prada, quien fue el máximo responsable del Batallón de Contraguerrilla número 79 del cual hacían parte los exmilitares que declararon, se mostró arrepentido al decir que lo habían designado para proteger: "No lo hice, les fallé".

Así mismo, a Ochoa lo señalaron como responsable de los hechos por ser el puente entre paramilitares y el comando que dirigía.

El "patrón uno", que también abordaron los exmilitares en otra audiencia pública este martes, se refiere a los asesinatos de campesinos que los militares presumían, con información de los paramilitares, "que tenían un vínculo con la guerrilla en la época de los 90 y esas víctimas eran presentadas como bajas de combate", aseguró Ochoa.

Así operaban

Para llegar a ejecutar el denominado "patrón dos", los militares debían haber llevado a cabo el "patrón uno", indicó Ochoa, quien contó que su primer caso fue el habitante de calle John Cañas.

"Interceptamos a un joven con ganas de trabajar, lo engañamos y lo llevamos cerca del municipio de Dabeiba donde lo asesinó el mismo comandante de batallón", en una especie de demostración para que el resto de militares pudieran llevar a cabo este mecanismo ilegal, confesó Ochoa.

"Después de unas operaciones con los paramilitares en Llano Grande y Llano Gordo (Antioquia)", el exsargento Trujillo tomó la decisión de ejecutar a más personas en ese mismo lugar, ya que sus superiores no le habían dado las recompensas por los resultados que él había entregado.

Trujillo agregó que en Llano Grande les pedía a sus soldados que requisaran a las personas que pasaban; les quitaban los documentos con el fin de revisar sus antecedentes y así poder enviarlos a la base militar, donde posteriormente los asesinaban.

Peticiones

Representantes de la Red de Calle de Medellín, que previene y asiste a los habitantes de calle, pidió dignidad y respeto, que no los estigmaticen y "los miren con el corazón" porque son personas.

Catalina Ortiz, una víctima que participó en la audiencia, pidió a instituciones, entidades gubernamentales y ONG internacionales realizar acciones para que la comunidad de Dabeida pueda volver a confiar en las instituciones de la fuerza pública.

6.402

Según la JEP, al menos 6.402 jóvenes inocentes fueron víctimas de engaños con promesas de falsos trabajos y posteriormente los asesinaron miembros del Ejército para mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.

Habitantes de calle raptados en Medellín y trasladados a Dabeiba, así como campesinos, menores de edad y guerrilleros que se entregaban, fuero las víctimas del Ejército.