EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y una disidencia de las Farc están deteriorando “la situación de orden público” en el país.

Según la Defensoría del Pueblo, en el país hay 11 focos activos de emergencia humanitaria debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales que afectan de manera desproporcionada a campesinos, afrocolombianos e indígenas, así como a niños y jóvenes.

Detrás de la ola de violencia están las acciones del Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, que tienen fuerte presencia en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.

Las emergencias humanitarias documentadas por la Defensoría están en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.

Esto aparte de la crítica situación que se vive en el Catatumbo que deja 85 mil afectados, en su mayoría desplazados y confinados, y se convierte en la peor situación humanitaria que recuerde el país.

En Arauca

Para la Defensoría, la situación de orden público en Arauca continúa deteriorándose, pues el pasado viernes hubo enfrentamientos en la vereda Alto Cravo (Tame) entre la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’ y el Eln”.

El organismo informó que los habitantes de 11 veredas de Tame están confinados y que los combates entre los dos grupos armados han provocado “una serie de vulneraciones y violaciones a los derechos de los pobladores en el departamento”.

“Al reporte de cinco civiles desaparecidos en lo que va del año, se suma el desplazamiento forzado —aunque no fue declarado oficialmente así— de más de 100 personas de las veredas El Progreso y Normandía, de Puerto Rondón”, agregó la información.

La Defensoría señaló que hay 14 familias en un asentamiento informal en el casco urbano de Puerto Rondón, donde tienen limitaciones al acceso de “sus derechos económicos, sociales y culturales”. “Otro hecho que preocupa es el homicidio de ocho personas y el secuestro y la desaparición de ocho civiles en este 2025 en todo Arauca”, detalló esa institución.

Ante esta situación, la Defensoría pidió “abrir los canales de diálogo con carácter urgente a fin de que haya un cese de hostilidades prologado que le devuelva la calma y la paz a los y las habitantes de Arauca”. Asimismo, instó a la disidencia de las Farc y a la guerrilla “respetar a la población civil y cumplir los mínimos humanitarios basados en lo que dicta el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Llamado

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados al margen de la ley de “dejar a la población por fuera del conflicto armado, incluyendo niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, campesinas, lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.

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