Eva García González
EFE | LA PATRIA | Bogotá

El Senado tiene en agenda este miércoles (13 de noviembre) el último debate de un proyecto de ley que pretende prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, un "paso crucial para proteger los derechos de las niñas y adolescentes" del país, que ocupa el puesto 20 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años, según un informe de Unicef de 2022.

La iniciativa 'Son niñas, no esposas' fue impulsada por las congresistas Jennifer Pedraza, de la Coalición Centro Esperanza, y Alexandra Vásquez y Clara López, del Pacto Histórico, y más allá de prohibir el matrimonio busca establecer un Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, un plan que acompañe a estos menores y les dé alternativas de vida.

"Después de ocho intentos, a la novena radicada estamos a punto de lograr eliminar el matrimonio infantil de la legislación colombiana, a punto de prohibir esta violación explícita de los Derechos de la infancia y adolescencia y de dar el mensaje al mundo de que la niñez colombiana importa", explicó Pedraza.

Colombia ocupa el puesto 11 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 18 años, de acuerdo al citado informe de Unicef titulado 'Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia', y el caso de las niñas indígenas es el más preocupante porque alrededor de un tercio de ellas son casadas antes de cumplir la mayoría de edad con hombres que duplican o triplican su edad, lo que deriva en graves consecuencias, como la violencia sexual, embarazos tempranos y deserción escolar.

En la actualidad, a pesar de que Colombia haya firmado y ratificado instrumentos jurídicos internacionales que prohíben el matrimonio infantil, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Código Civil permite que adolescentes desde los 14 años se puedan casar si sus padres o tutores legales lo consienten.

"Esto genera un vacío legal que perpetúa prácticas nocivas y vulnera principios constitucionales como el derecho al desarrollo integral, la igualdad y la protección contra todas las formas de violencia contra las mujeres, entre otros", explicó Sandra Ramírez, asesora legal y de incidencia en Latinoamérica y Caribe de Equality Now, organización que promueve los derechos de niñas y mujeres.

"No es el fin del problema"

"El proyecto de ley, que esperamos que sea ley, alineará la normativa colombiana con estándares internacionales y garantizará la protección plena de los derechos de las niñas y adolescentes a una vida digna respetando su posibilidad de elegir su proyecto de vida", añadió Ramírez.

Sin embargo, la jurista manifestó que esta medida "no termina el problema", ya que "la parte fuerte" será la implementación de ese programa de atención a los menores, "teniendo en cuenta que estas prácticas que en realidad son violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes están arraigadas en factores estructurales y sociales bastante fuertes".

"La norma por sí sola no cambia la problemática, aporta unos parámetros para que el Estado tenga recursos y asegure que se va a implementar una política pública que haga los cambios sociales estructurales y que inicie el cambio de las normas sociales que perpetúan que estas practicas sigan en nuestro país", agregó.

Romper los ciclos de violencia

"El consentimiento de las niñas y adolescentes en estos casos a menudo no es pleno ni libre, ya que está condicionado por presiones sociales, familiares o económicas", apuntó la asesora jurídica, y añadió que esto evidencia "una falla del Estado" en garantizar un entorno seguro donde las niñas y adolescentes puedan tomar decisiones autónomas.

Al prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, subrayó la experta de Equality Now, Colombia enviará "un mensaje claro" de compromiso con la igualdad de género y los derechos de la niñez y la adolescencia, porque también prohibirá las relaciones donde haya asimetría de edades y de poder, para "romper ciclos de violencia y exclusión".

Además, Jennifer Pedraza manifestó también que es un paso en la lucha contra la pedofilia que tan "normalizada y naturalizada" está en la sociedad colombiana. 

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