La CREG y la ley de Servicios Públicos

Señor director: 

En días pasados, el Consejo de Estado le ordenó al presidente, Gustavo Petro, que nombrara en propiedad a los seis comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Este fallo, que ratificó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, había sido impugnado por el Dapre. Sin embargo, ahora quedó en firme y el Gobierno debe acatarla. De esta manera se espera ponerle fin a la interinidad, que ha sido perjudicial para la entidad y el sector.

Y es que no podemos olvidar que la CREG no sólo regula las tarifas, sino que también permite que el mercado sea competitivo. En caso contrario los servicios públicos tendrían oscilaciones de precio que los usuarios no podrían pagar. Infortunadamente, esa interinidad ha retrasado decisiones y acciones técnicas, que son  vitales en materia energética.

En efecto, la Procuraduría General también había advertido el impacto por la falta de nombramientos en propiedad, ya que esto evidenciaba una descoordinación institucional y ponía en riesgo la política pública energética. Incluso señaló que la CREG había sesionado menos veces, que en años anteriores. A esta voz se sumó la Anif. Este importante centro de estudios señaló que en los dos últimos años se habían reducido las resoluciones emitidas por la CREG. De 136 resoluciones, en 2021, se pasó a 70 en 2023.

Pero esto no es lo único que preocupa. Con la intención del Gobierno de radicar la Ley de Servicios Públicos es importante que haya claridad en materia regulatoria; porque ninguna reforma al régimen de los servicios públicos se puede hacer sin esta garantía.

En consecuencia, Andesco lanzó una alerta porque en dicha ley el presidente de la República pasaría a ser el directo regulador, lo cual perjudicaría la prestación de servicios públicos. Es decir, las decisiones técnicas de las comisiones se reemplazarían por prioridades políticas, lo cual generaría inseguridad jurídica y desestimularía la inversión.

La regulación requiere de técnicos que analicen los impactos en la cadena de valor; así como la formulación de los cambios tarifarios de acuerdo con el mercado y en condiciones controladas. Con esta claridad, los entes reguladores deben ser independientes a las presiones del Gobierno y a los intereses de la industria. La prioridad es que se pueda generar seguridad, confianza e inversión, en beneficio de los ciudadanos y el sistema productivo del país.

Ingrid Sogamoso Alfonso, representante a la Cámara por Boyacá