Avanza en el Congreso un proyecto de reforma a la justicia que pretende reducir la condena a quienes admitan homicidio o lesiones a niños y adolescentes. En caso de allanamiento a cargos o celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el acusado, se concederá rebaja de la mitad de la pena prevista en los artículos 351, 352, 355 y 367 del Código de Procedimiento Penal, señala la sustentación del proyecto. En declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a Caracol Radio, esta reducción de penas no es realmente beneficio, sino una forma de lograr que dichos delitos no queden en la impunidad.
El tema ha cobrado inusitado interés tras lo sucedido con Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, encontrada sin vida en un cañaduzal del Valle del Cauca, luego de ser violada por Brayan Campo, de 32 años, asesino confeso con antecedentes de abuso sexual desde el 2018. La propuesta en el Senado es defendida por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, alegando que la reforma no busca impunidad, sino una justicia más ágil y oportuna, pudiendo la Fiscalía aplicar el principio de oportunidad en casos de delitos contra menores, modificando así el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 199 que de manera contundente los rechaza.
La oposición a este proyecto de ley 281 de 2024 corre por cuenta de la Procuraduría General de la Nación a través del procurador delegado ante la JEP, quien llamó la atención por las posibles consecuencias que esta medida tendría frente a la protección de las víctimas de violencia sexual, agregando que la rebaja de penas, en manera alguna garantiza una agilización de los procesos judiciales. En la Carta Política nuestra existen varios artículos relacionados con el derecho a un debido proceso sin dilaciones indebidas: el 29, el 228 y el 229. Buscando otros mecanismos que resuelvan la efectividad de la justicia en los delitos contra nuestros niños, 120 congresistas de diferentes fuerzas políticas firmaron una proposición para eliminar el artículo 7° de la reforma presentada por el Gobierno, la cual será votada durante el debate que arrancará próximamente en la Comisión Primera.
Probada está la conducta de los sicópatas, quienes son enfermos que reinciden si les permitimos interactuar en la sociedad. De ahí que la castración física sea un recurso necesario, más no la cadena perpetua que, a más de ser populismo punitivo, desconoce tratados internacionales de derechos humanos. El asesino de Sofía, fue un reincidente que obtuvo la libertad por vencimiento de términos, conociéndose que el mismo día que violentó a Sofía, trató de hacerlo con otra niña. Contrario a lo que aducen los defensores de la reforma, que con los beneficios se lograría aumentar la velocidad con la que actúa nuestra justicia, debería tomarse medidas conducentes a su agilización, no permitiendo los recursos dilatorios en que son expertos muchos de los mañosos operadores de la misma. La mora judicial, la congestión de los despachos y las recurrentes dilaciones en los procesos judiciales, marcan el día a día del acceso a la justicia en nuestro país.