Lo que acontece en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump es un ejemplo y mensaje para el mundo de lo que es la división de poderes y, por ende, la estabilidad política de un país, en donde el aparato judicial se yergue imponente, no jubiloso, frente al ejecutivo, el legislativo y su propia colectividad, y con un mensaje muy positivo para la comunidad nacional e internacional. La democracia brinda los instrumentos y herramientas suficientes para hacer oposición, para perseguir los infractores de la ley, o para controlar la acción estatal, pero no acepta que se llegue a las vías de hecho para tratar de desconocer, como aconteció hace algunos meses, unos resultados electorales presidenciales, sino que se trata de un régimen que se entiende garante del ejercicio pulcro del mismo poder político. 
La toma a la fuerza del Capitolio nacional -el templo de la democracia también en EEUU-, con los desmanes que allí se produjeron, buscó socavar el Estado de derecho, donde las fuerzas del orden, que no son otras que las defensoras de la institucionalidad, impotentes veían cómo se destruía parte de las instalaciones de uno de los pilares sobre los cuales se edifica la democracia norteamericana, enviándose, por contera, un pésimo mensaje al mundo.
El expresidente del país más ‘poderoso’ de la tierra, no ajeno a otros escándalos mediáticos, es el primero que se ve enfrentado a la justicia en un proceso penal sin precedentes en la historia de esa nación, que seguramente lo juzgará como el artífice de unos hechos que tienen alarmada a la comunidad internacional, en especial a los países que vivimos esperanzados en un sistema político que, como el nuestro, con sus defectos, busca la consolidación de los más altos bienes o intereses públicos que constituyen o representan la democracia.
En Colombia ha pasado algo similar pero distinto. Me explico; es la primera vez en la historia reciente de Colombia (desde el General Gustavo Rojas Pinilla quien gobernó el país por golpe de Estado entre 1953 y 1957), que el poder judicial no ejercía su función penal frente a un expresidente (también por supuesto soborno), pero el Dr. Uribe ni ha promovido la toma del Capitolio, ni ha pretendido desconocer unos resultados electorales, que es otro asunto que le queda pendiente al exmandatario norteamericano, todo con grandes consecuencias políticas.
Esperemos que en uno como en otro caso la justicia brille por su sabiduría y objetividad, lo que será ejemplificante para cada uno de sus países y para el mundo actual y futuro, lo cual fortalecerá el imperio de la democracia y sus instituciones, y aunque la discusión puede estar contaminada de ideologías políticas y de posiciones antagónicas, la justica, no lo dudo, estará al margen de ella. 
De allí que realizar marchas de apoyo en EEUU frente a la complicada situación judicial por la que atraviesa el expresidente Trump, constituye no solo una afrenta sino una presión indebida frente al poder público y frente a la institucionalidad democrática, lo que podría generar grietas o heridas que, a la postre, resultarían difíciles de enmendar o sanar.
Que la justicia, garante del imperio de la legalidad, de la estabilidad democrática y de la paz, se mantenga altiva, libre y fuerte, y con ello, allá como aquí, se solidifiquen los principios sobre los cuales fue edificado el Estado de derecho.