Nuestro país, y la generalidad de los pueblos, parece entretenerse y gozar -o sufrir-, con las polémicas de toda índole, de lo contario, seguramente que no habría tantas, y las sociedades posiblemente estarían intranquilas. La Constitución nuestra por eso garantiza la libertad de expresión, y por lo mismo la de opinar casi sin control, como también el derecho a informar y ser informado de manera veraz, aunque no siempre acontezca esto.  
El gobierno nacional actual tenía asegurada desde su inicio la controversia, no solo por lo que representa en nuestro polarizado país -que parece haber ido cediendo-, sino por las propuestas de reforma anunciadas, como las de salud y pensiones, a la educación y los hidrocarburos, la tributaria o la paz total, etc., y ahora se agrega otra, tal vez inesperada por ser gobiernos distintos, y es la concerniente al Metro de Bogotá.
Si bien la construcción del Metro de Medellín no estuvo exenta de debate y preocupaciones no solo para los Antioqueños, la misma no tuvo la entidad que ha venido tomando la construcción del de Bogotá, donde ha terciado el gobierno nacional ‘exigiendo’ que parte sea subterráneo, atizada con la advertencia de quitar respaldo económico nacional a otros proyectos de infraestructura que la ciudad, sede de la centralización nacional, desea pergeñar. Siempre he pensado, con cierta pena o vergüenza, cómo es que la capital del país no cuenta con un medio de transporte como el Metro, y la imaginación lleva a pensar sobre los muchos intereses económicos y políticos que ha habido de por medio para oponerse a su materialización, empezando tal vez por los propios transportadores locales.
El Metro de Medellín, que va sobre la tierra, es sin duda hermoso y funcional, el que, además, sirve para mostrar al nativo y al turista la configuración de la bella ciudad paisa, como acontece apenas en algunos tramos con el Metro de París.
El Metro de Bogotá se está construyendo no solo con los dineros de los Bogotanos, también con recursos “nacionales”, que son del país entero, por eso la discusión no debe circunscribirse o interesar solo al distrito capital, sino que, por su financiación, afecta también al resto de los colombianos.
No obstante la admiración que se tiene por el Metro de los antioqueños, el Metro subterráneo, que es lo común en el mundo, está demostrado que es el que más satisface las necesidades de transporte en las urbes, evita la ocupación de la superficie que bastante problemas tiene en Bogotá con su circulación vial; previene el deterioro de muchas zonas, y puede satisfacer el comercio organizado. 
El principio “Pacta sunt Servanda”, al que me he referido en ocasiones en este mismo espacio, es el que gobierna los contratos, entre ellos los del Estado que contempla  la Ley 80 de 1993, lo que significa que constituyen ley para las partes y, por lo tanto, deben cumplirse. El contrato del Metro de Bogotá no es y no puede ser una excepción al principio, pero sin que ello implique que no pueda modificarse, es posible hacerlo si conviene a la obra y a la comunidad local y nacional que es realmente la que más parece aportar, y el gobierno que es en este caso, el simple canalizador de los recursos fiscales, puede buscar hacerlo, desde luego, con las consecuencias jurídicas y económicas que dichas variaciones puedan generar.
 Y mientras eso acontece, por qué no pensar que Manizales, pionera del cable aéreo en Colombia, podría tener una mega obra, esto es, un mega túnel que comunique La Francia con Residencias Manizales, la Sultana y la Enea, con salidas en determinados sitios estratégicos que conecte a la ciudad en su integridad; el mismo que podía tener peajes para su sostenimiento y el que descongestionaría superlativamente nuestra superficie, habría mayor seguridad para los peatones, especialmente frente a los motociclistas, y así la ciudad podría ser aún más tranquila. Y ¿Por qué el gobierno nacional no podría financiar ese eventual proyecto para Manizales y así poder contar, si no con Metro, sí con el primer sistema subterráneo de transporte?