Desde la Constitución de 1991 Colombia se propuso reconfigurar su mapa territorial, con el fin de adaptar mejor las estructuras administrativas a las realidades sociales, económicas y geográficas del país. La propuesta de crear el departamento del Magdalena Medio y la idea de sustituir los departamentos por regiones reflejan la necesidad de modernizar la división territorial. Sin embargo, la politiquería y los intereses electorales han frenado estos cambios, que podrían haber sido fundamentales para una gestión más equitativa y eficiente del territorio.
La Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial) busca promover la descentralización y la autonomía local. Sin embargo, su alcance es limitado y no impulsa cambios estructurales necesarios. La falta de un diseño territorial adecuado y los retrasos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) afectan la capacidad de los municipios para gestionar su desarrollo. Villamaría, Caldas, es un ejemplo: tras más de una década sin actualizar el POT, apenas se aprueba un nuevo Plan, limitando la planificación sostenible y el uso del suelo. Además, iniciativas como “Colombia OT” del Instituto Geográfico Agustín Codazzi no han logrado acelerar la actualización catastral, lo cual obstaculiza el aumento de los ingresos municipales. Muchos municipios enfrentan similares dificultades debido a la falta de recursos, capacidades técnicas y apoyo institucional.
El profesor Manuel Enrique Pérez (2004) señala que las contradicciones en la conformación territorial de Colombia radican en la incompatibilidad entre el uso y la tenencia de la tierra y la violencia política, factores que han sido constantes en la evolución de la sociedad colombiana. Gustavo Duncan (2004) destaca que la disputa entre un orden local basado en grupos armados y el interés de sectores modernos en imponer la democracia constituye un factor central del conflicto, lo cual ha fragmentado al Estado. Mientras en zonas urbanas como Bogotá se consolida la democracia, otras regiones aún están sometidas a la influencia de actores armados.
El Grupo de Memoria Histórica (2010) también enfatiza en la falta de reformas políticas y medidas económicas que aborden las causas estructurales de los problemas del país, como la inequidad y la corrupción. Esta desigualdad territorial es profunda y evidente, y como indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existen “múltiples Colombias” con realidades muy disímiles, que van desde departamentos con indicadores comparables a países de altos ingresos hasta otros con niveles similares a los de países de bajos ingresos. Esta fragmentación exige una intervención coordinada y equitativa para mejorar las condiciones de vida en las regiones más rezagadas.
La reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) busca una distribución más equitativa de los recursos nacionales hacia los entes locales, corrigiendo el impacto negativo de la recentralización y la reducción de transferencias del siglo XXI. Esta ley ofrecerá la oportunidad de avanzar hacia la autonomía municipal y reducir desigualdades regionales, siempre que el Estado y los gobiernos locales se comprometan a coordinar esfuerzos para promover la equidad territorial.