En Colombia, la violencia contra la niñez ha alcanzado niveles alarmantes. Los recientes asesinatos, altos índices de abuso y la impunidad reflejan la falta de voluntad política para atender integralmente a la niñez, asegurando su protección y bienestar. Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, señaló en una entrevista (octubre 26, 2024, Radio W) que la impunidad en delitos contra menores supera el 94%, evidenciando la negligencia del sistema judicial y la falta de acciones efectivas para garantizar su seguridad.
Para enfrentar este problema, Nancy Fraser (1995), filósofa política estadounidense, propone un marco teórico clave para analizar la situación de la niñez en Colombia. Fraser señala que la justicia debe abordarse desde tres dimensiones: redistribución, reconocimiento y representación. En el caso de Colombia, las políticas públicas actuales fallan en garantizar una vida digna para los niños, ya que son insuficientes en cada una de estas dimensiones. Políticas redistributivas que aborden las causas estructurales de la desigualdad (como la pobreza y la falta de acceso a servicios), políticas de reconocimiento que busquen empoderar a los niños, reconocer su valor en la sociedad y, asegurar la participación activa en la toma de decisiones que les afectan. Es fundamental fortalecer las leyes de protección infantil, garantizar su implementación y crear condiciones socioeconómicas y culturales de prevención que superen el enfoque basado únicamente en el riesgo.
En el país, por un lado, la redistribución de recursos económicos para los programas de protección infantil es claramente limitada. Como señala Reyes, la creación de la Unidad de Delitos contra la Niñez es un avance, pero la falta de asignación de recursos suficientes del Estado ha impedido que opere efectivamente. Los niños continúan siendo víctimas de delitos sexuales y violencia, con registros que alcanzan más de 54 casos al día, solo en los reportes de Medicina Legal. Por otro lado, la falta de reconocimiento de la infancia como sujetos plenos de derechos sigue siendo un obstáculo crítico.
En Colombia, los niños en contextos de vulnerabilidad, especialmente los que viven en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, no son vistos como actores que pueden tener un papel significativo en la sociedad. La estigmatización y el trato instrumental hacia la niñez generan que sus voces sean ignoradas y que sus necesidades sean constantemente relegadas. Esto queda evidente en la poca respuesta de los gobiernos locales, particularmente en zonas como Arauca y la Amazonía, donde la violencia y el reclutamiento de menores continúan sin ser atendidos.
Fraser enfatiza en la importancia de la representación en la esfera pública como un componente esencial de la justicia. Sin embargo, en Colombia, la infancia no tiene representación real en los espacios de toma de decisiones. En contraste con esta desalentadora situación, el artículo, Niños en contexto de conflicto armado: narrativas generativas de paz (Ospina, Carmona y Alvarado, 2014), presenta una visión optimista y esperanzadora. Los niños, incluso en los contextos más adversos, pueden ser actores activos en la construcción de paz y en la transformación de sus comunidades. Para ello, es fundamental generar narrativas que les reconozcan como sujetos plenos, y no solo como víctimas.
Se espera que la primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, que se celebrará 6 y 7 de noviembre de 2024 en Bogotá, impulse la sensibilización de las instituciones políticas en Colombia y a nivel global hacia la implementación de políticas redistributivas y de reconocimiento.