En el Congreso avanza la reforma constitucional al Sistema de Participaciones. Con ella, a los departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas se les transferiría un monto más alto de recursos de la Nación, para que los ejecuten de manera autónoma.
La idea busca recomponer la promesa de descentralización de la Constitución de 1991 y ese debe ser siempre el camino. Sin embargo, eso no impide reconocer que, al pensar la reforma sólo como un tema de transferencia de recursos, desconocemos que nuestra institucionalidad regional es débil, está cooptada por clanes políticos y operada bajo los peores riesgos de corrupción. Ese es el lugar donde muere la descentralización.
El profesor Orlando Fals Borda fue el padre de la autonomía territorial. Como miembro de la constituyente del 91, convenció a los demás de la descentralización de los recursos, pero no logró que lo acompañaran en su idea de cambiar el modo de ordenar y fortalecer las instituciones regionales que los ejecutan. Desde entonces, se veía cómo los políticos regionales cuidan las viejas fronteras geográficas y las formas tradicionales de poder local, pues sobre ellas edifican sus clientelas.
“El gasto público tiene un poder transformador, el de garantizar derechos, pero eso depende de las capacidades para gastarlo bien. No tiene sentido transferir recursos a alcaldías que no tienen la capacidad para ejecutarlos”. Palabras de Julián López Murcia, doctor de la Universidad de Oxford y autoridad en descentralización. (Ver: https://shorturl.at/BAFYj).
Un ejemplo de que no solo es suficiente asignar más recursos, nos lo acaban de recordar Diana Oquendo y Fabio Sánchez, de la Universidad de los Andes (Ver acá: https://shorturl.at/i6GgB). Mostraron que aunque los presupuestos regionales en el sector educativo se multiplicaron entre 1994 y 2023, la calidad de la educación no ha mejorado. Es así que las metas en derechos no se logran solo con mayores recursos -ni siquiera con el compromiso de asumir más competencias-, sino también con mayor capacidad institucional en planeación, ejecución y control local; justo para lo que no se hacen las reformas.
Entre los promotores de la reforma están gobernadores como Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca. Según la investigación ‘Juego de votos’, publicada por el medio Cuestión Pública en 2022, empresas y personas vinculadas a ella contrataron con el Estado casi $113.000 millones, a través de 12 entidades nacionales, pero también por medio de 31 entidades departamentales y 23 municipales. ¿A quién beneficia el aumento de estos recursos regionales? ¿Quién controlará que no se queden en empresas políticas?
Ese es el otro ejemplo de debilidad institucional: la incapacidad de las regiones para controlar la ejecución de sus recursos. La Fundación Pares y la Corporación Cívica de Caldas acaban de publicar un informe que se titula como anillo al dedo: “Contralorías Departamentales: El costoso adorno de la descentralización” (Ver acá: https://shorturl.at/1wSAh). Al revisar a la Contraloría Departamental de Caldas, encontraron que ha tenido contralores vinculados a los grupos políticos, que incluso saltan sin pudor del control fiscal a la política. Que estuvo sin contralor en propiedad por más de 900 días, en medio de una disminución de sus hallazgos - entre 2020 y 2023 recaudó solo $16 millones en sanciones-. Que se ha convertido en una entidad para contratar funcionarios o sociedades relacionadas con otros políticos.
Diríamos que hoy el abuso del centralismo no está solo en cuántos recursos nos da el centro, sino también en lo que están dispuestos a cambiar en las prácticas de poder. Porque visto así, muchos políticos regionales sólo parecen aliados y cómplices de un poder central que aprieta igual y no cede.