El pasado 22 de abril el Senado de la República discutió un texto de proyecto de ley que busca asociar dicha corporación pública a la conmemoración de los 100 años del municipio de Marquetalia, Caldas. Sin embargo, muchos de los deshistorizados congresistas confundieron al municipio caldense con la población de Marquetalia, municipio de Planadas, departamento de Tolima, lugar donde hace exactamente 60 años (1964) se fundó el grupo guerrillero de las Farc.
Una mirada histórica a la obra del distinguido investigador Darío Villamizar (Las guerrillas en Colombia), permite comprender que antes de las Farc, existían otros grupos alzados en armas como el Moec (1959), el Ejército Revolucionario de Colombia (1960), el Frente Unido de Acción Revolucionaria (1961) y la Brigada Proliberación Nacional José Antonio Galán (1961).  Incluso las propias Farc, dos años antes, habían surgido como un grupo de autodefensa campesina denominado Bloque Guerrillero del Sur (Bgs) liderado por Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo, quienes en su momento se convirtieron en objetivo militar de las fuerzas armadas del Estado.
A través de la operación Soberanía, considerada uno de los mayores fracasos militares, fueron perseguidos y sólo consiguió espantar y conducir a esos 50 principiantes guerrilleros que ocupaban Marquetalia hacia un largo proceso de fortalecimiento militar y ocupación del territorio nacional por cerca de medio siglo y que aún permanece en cabeza de algunas facciones que no se adscribieron al acuerdo de paz.
En la semana que acaba de transcurrir, se generó una discusión en las redes sociales respecto al tratamiento que debe dársele al sombrero de Pizarro, el excomandante del M-19 quien luego de someterse a un proceso de paz fue posteriormente asesinado. Cada colombiano tiene el derecho de reaccionar civilizadamente y activar sus emociones como en la película de moda “Intensamente”, respecto a los hechos que han caracterizado nuestra sangrienta historia política.
Pero lo que sigue resultando preocupante, es que exista una fuerte tendencia hacia el negacionismo, el olvido, el ocultamiento intencional de nuestras realidades o el peligroso deseo de construir una “historia patria” basada en visiones heroicas o deseos moralizadores y aleccionantes. Nuestra deuda social, política y educativa sigue estando en la urgente necesidad de fomentar una enseñanza de la historia que fomente el pensamiento histórico desde un enfoque crítico y comprensivo enfocado en la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado colombiano, tal cual lo propone la investigadora Nancy Palacios Mena de la Universidad de los Andes. 
A quienes les preocupa que un sombrero de un exguerrilero se exhiba como pieza de museo, podrían darse una pasadita por la bella Casa de la Cultura de Quinchía (Risaralda) que muestra la ruana que portaba Medardo Trejos Ladino, mejor conocido como Capitán Venganza el día que fue ajusticiado por soldados del Batallón Ayacucho, acompañado de un gran retrato suyo y la escopeta que usaba en su cotidianidad beligerante. 
Esta apuesta de los habitantes y autoridades de este antiguo municipio caldense, encomendado a San Andrés apóstol, es una muestra de su compromiso con la paz y la reconciliación, no en vano se precian de ser un pueblo amistoso, cultural y pacífico. Su contribución a la preservación de la memoria de unos hechos por penosos y escabrosos que resulten son la mejor apuesta para que precisamente no se repitan. El reto sigue siendo enorme, cuando la enseñanza de la historia por obra y gracia de expresidentes liberales y conservadores salió de los planes de estudio y aunque se expidió la ley 1874 de 2017, que ordenó reestablecerla, todo parece indicar que no hay afán por la historia, la memoria y la verdad.