Tras siete días de protestas y millonarias pérdidas, terminó por ahora el paro minero, único instrumento posible para interlocutar con este Gobierno. Se puso una vez más en evidencia el inconformismo de pequeños y medianos mineros, a quienes este Gobierno les frenó sus procesos de formalización impidiéndoles el ejercicio de sus actividades, sin importar que ya contaran con todos sus permisos en regla. Petro y su Gobierno están cumpliendo lo que se anunció desde un inicio: perseguir hasta prohibir la actividad minera y en su defecto, estatizarla.

Con el ataque a la minería se golpea uno de los sectores que en mayor medida contribuyen a la generación de recursos para el país y también para las arcas nacionales. El sector minero se ha convertido en el centro de esta desconcertante cruzada contra la mal llamada economía extractivista. Cuatro frentes ha abierto el Gobierno para librar estas batallas contra los mineros.

El primero, el Código Minero. Ya se adelantan las consultas previas, que, como es obvio, en este caso sí avanzan con celeridad, para llevar al Congreso la reforma del Código. Con este proyecto se invierte por completo el sistema legal para esta industria en Colombia. Y por si fuera poco, casi la mitad de las disposiciones quedan sujetas a reglamentación. En otras palabras, el régimen jurídico minero quedará a merced de lo que determine la señora Muhamad. Ya nos podemos imaginar.

Como segunda acción, entra a consideración de la Cámara el proyecto de Ecominerales. El objetivo no es nada distinto al del Código, es decir, la prohibición de la minería en el territorio y la centralización y estatización de la actividad. Esta nueva agencia será el instrumento ejecutor del modelo minero monopólico que se propone en el proyecto de Código. Y al respecto yo me pregunto: ¿realmente el Estado cuenta con la capacidad para asumir el desarrollo de toda una industria que demanda una enorme capacidad técnica, de conocimientos geocientíficos y cuantiosas y permanentes inversiones? Aquí lo que se pretende es revivir las experiencias desastrosas de las corruptas e ineficientes empresas liquidadas hace más de 20 años, como Ecominas, Mineralco y Minercol.

En tercer lugar, la reforma tributaria. Después del fallo de la Corte Constitucional que le dio la razón a esta industria en el tema de las regalías, este Gobierno, siempre irrespetuoso de los fallos, insiste en quitarle toda la rentabilidad al sector creando sobretasas progresivas al carbón, que lo llevarán a pagar hasta un 90% en impuesto de renta.

Totalmente confiscatorio. Y por último, el Decreto 044, el florero de Llorente. Su reglamentación fue la que ocasionó el paro, pues permite al Ministerio declarar y delimitar las áreas que arbitrariamente considere como de reserva y excluirlas de la actividad minera. 

De materializarse, estas cuatro iniciativas terminarán de espantar la inversión privada en este importante sector de la economía. Y mientras van marchitando todas las actividades productivas del sector privado y asfixiando a los contribuyentes, siguen promoviendo más gasto público improductivo o reformas como la de aumentar el situado fiscal a límites insostenibles.