Gonzalo Duque Escobar

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@godues

La conferencia COP-27 del 2022 sobre el clima organizada por Naciones Unidas en Egipto, que pondrá en el centro de las negociaciones las pérdidas y daños por el cambio climático, confrontará a los países más industrializados como responsables, frente a los países más vulnerables del planeta por los impactos que sufren, entre ellos la erosión costera por la subida del nivel del océano, un fenómeno que podría incrementar su actual tasa estimada en 10 mm anuales, a más de 100 mm por año para finales del siglo, si no se corrige la enorme cuantía de emisiones de gases con efecto invernadero.
Si en Latinoamérica, el calentamiento global que se advierte desde el año 2000 con fenómenos extremos, que van desde huracanes con mayor intensidad por el Caribe, y mayor recurrencia de sequías en el Corredor Seco Centroamericano hasta inundaciones inusuales en Colombia, tendremos la expansión de enfermedades tropicales como la malaria o el dengue en zonas de mayor altitud-, conforme se incrementan temperatura y precipitaciones, y con ello la humedad relativa favoreciendo plagas y enfermedades fitosanitarias.
Aún más: según estudios como el reportado por la prestigiosa revista Nature (2022), por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, se podría estar modificando la amplitud de la Oscilación del Sur (ENSO), uno de los patrones climáticos más importantes del planeta, y con ello la duración de los fenómenos conocidos como El Niño y La Niña. Como referente, durante el Plioceno (5 a 2,5 Ma atrás) los océanos permanecieron relativamente cálidos en la Tierra, gracias a las condiciones análogas a las de El Niño con permanencia durante periodos prolongados. Si efectivamente en el futuro se afecta el ciclo temporal del ENSO, las consecuencias del calentamiento global, podrían ser desastrosas.
Actualmente, si bien se había pronosticado que a lo largo del segundo semestre del 2022 se mantendría el fenómeno de La Niña con una probabilidad del 80% e intensidad entre débil y moderada, y también esta condición persistiría de septiembre a noviembre de 2022 con el 70 % de probabilidad contra sólo el 30% de que se instauraran condiciones neutras del ENSO, resultando así nula la posibilidad de un episodio de El Niño, lo grave ahora es que para los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023 la probabilidad de La Niña sigue siendo del 55 %, contra un 45% para condiciones neutras del ENSO.
Así entonces, ya que La Niña que comenzó desde el otoño en septiembre de 2020, al haberse extendido durante el 2021, si también entrado el invierno de 2022 persiste ella, el “triple episodio” de la fase húmeda del fenómeno ENSO abarcaría, por primera vez en el siglo, tres inviernos consecutivos para el hemisferio Norte. Vale recordar que con La Niña 2010-2011, una de las más intensas de las últimas décadas, además de legiones de damnificados y cuantiosas pérdidas en los medios urbanos y rurales, Colombia debió enfrentar una tragedia por el exceso de agua con 30 municipios requiriendo reasentamiento, caso Gramalote.
Pero en Colombia, sin desestimar las acciones para enfrentar la pérdida de calidad del aire, en lugar de resolver la vulnerabilidad de poblados que recurrentemente se inundan, le hemos apostando a reducir emisiones sabiendo que las nuestras son irrelevantes, y olvidando la urgencia de enfrentar la amenaza hidrogeológica de forma directa. Como ejemplo, el Pacto de Sumapaz de la Región Administrativa y de Planeación Especial, declaró la emergencia climática para mitigar el calentamiento global, con dicho instrumento que beneficiará un territorio de 16 millones de habitantes, al asumir compromisos comunes para conservación de páramos, seguridad hídrica y abastecimiento alimentario. Y en el caso de Caldas donde la conectividad vial ha colapsado, así se contemplen como zonas de alto riesgo no mitigable sectores en donde la amenaza y vulnerabilidad muestran una alta probabilidad de afectación severa a bienes e infraestructura, mientras se pueda evitar la pérdida de vidas humanas que es lo fundamental, la apuesta del Estado debe ser crear condiciones técnico-económicas favorables para facilitar la ocupación del hábitat mejorado sin desestructurar el territorio, antes que ordenar reasentamientos de áreas pobladas en alto riesgo, tal cual lo hizo el Macroproyecto San José que generó un desalojo urbano.