La agenda pública de los últimos días ha estado copada por tres acontecimientos que tienen una íntima relación: el acuerdo nacional, la reforma política y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar la campaña del presidente Petro. El acuerdo nacional y la reforma política llegaron tarde; al Gobierno le falto sentido de oportunidad y lucidez para tramitarlos a tiempo. Asuntos tan importantes como la transformación del CNE, quedaron en veremos. Hay la opinión generalizada de que el CNE es un organismo de origen espurio, en exceso politizado y con ambiguas funciones administrativas y jurisdiccionales. Su transformación se asume como un asunto urgente, pero no se ha avanzado.
Descartadas otras observaciones, la dudas sobre qué competencias específicas ejerce este organismo frente a ciertos casos en particular, son de lejos las más delicadas y sensibles; las mismas que surgieron frente a qué hacer con relación a las denuncias creíbles de malos manejos de la campaña del presidente Petro. Las dudas fueron resueltas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado al conceptuar que el CNE sí es competente para conocer del asunto. Asumiendo esa claridad, el tribunal abrió la investigación. Esto quiere decir que al margen de las prevenciones e interrogantes que nos genera esta institución, como ciudadanos responsables y respetuosos de la ley, tenemos que acatar esas decisiones, incluido, claro está, el presidente de la República.
En un estado de derecho los órganos jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia; cuando deciden, no lo hacen para congraciarse con nadie, lo hacen buscando el valor supremo de la justicia. Si consideramos que el juez está equivocado, tenemos recursos para demostrárselo. En el caso concreto de la campaña Petro, hay dudas, claro, el debate está abierto. Pero hay instancias y caminos para absolverlas. Es muy nítida la norma cuando se refiere a la investigación y juzgamiento de un funcionario aforado, en este caso el Presidente. Ella dice que únicamente lo pueden hacer la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Eso está lejos de toda duda. Como está fuera de toda duda que el CNE sí puede adelantar averiguaciones administrativas sobre el manejo, correcto o no, de una campaña electoral.
Asumiendo que están equivocados el CNE, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el aparato jurisdiccional establece mecanismos y procedimientos para demostrarlo e imponer la razón. Este es un proceso que apenas empieza; es más, podría prescribir por el paso del tiempo. Está lejos, si fuera el caso, de llegar a la Comisión de Acusaciones. Mientras tanto, el presidente y los demás implicados pueden interponer la batería de recursos que aún les quedan, abogados no les faltan. Claro que la situación de los administradores de la campaña que no tienen fuero, como es el caso del presidente de Ecopetrol, es más complicada; por eso creo que la permanencia de Ricardo Roa en ese cargo es insostenible.
Para que opere la justicia internacional tendrá que demostrarse que la nuestra, aquí, no está actuando, y sí lo está haciendo. Es un desafuero convocar a la comunidad internacional para denunciar el supuesto complot contra el primer mandatario colombiano. Ningún bien se le hace a la imagen del país. Alguna vez le oí decir al expresidente Alfonso López Michelsen que un estado de derecho es aquel en el que todos somos enjuiciables; nadie puede escapar a la ley por importante que sea. Ver en eso un riesgo, es paranoia.