Ahora que parece recobrar nueva vida el debate sobre el ordenamiento territorial en Colombia, es justo y necesario recordar que por estas fechas se están cumpliendo 160 años de la Convención Constituyente de Rionegro. En efecto fue en Rionegro, Antioquia, donde se desarrollaron las deliberaciones del órgano reformador durante los meses de febrero a mayo de 1863. 
La Constitución de 1863 estableció una confederación de nueve estados soberanos bajo la denominación de Estados Unidos de Colombia; disfrutaron en el marco de esa normativa de amplia autonomía fiscal lo mismo que de sus sistemas legales. Hubo como consecuencia de tales medidas un aumento en el recaudo de impuestos y el gasto público les entregó a los ciudadanos más bienes y servicios. 
La Colombia federal tuvo corta vida porque la Constitución de 1886 enarboló como una de sus ideas fundamentales, superar la forma de Estado Federal, organizándolo, al contrario, a partir de principios fuertemente centralistas. Casi todas las decisiones se tomaban (y se toman) en Bogotá porque desde entonces, allí está asentado el Gobierno Nacional. 
El tema de la administración del territorio es un presupuesto básico del desarrollo; es una variable imprescindible para explicar nuestro destino como sociedad y como país. Los asuntos de la paz y de la guerra, del atraso o la modernidad, de más o menos democracia, de más más o menos eficiencia del Estado, se viven en los territorios. 
Muchos de los problemas que subyacen a los grandes conflictos nacionales e internacionales de hoy, están atados a los territorios, al orden territorial. Sin una correcta administración de los territorios de un país, no es posible hacer funcionar ese gran pacto social que es el Estado. 
Colombia desde la perspectiva constitucional es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Así lo dice el preámbulo de nuestra Carta Magna. Tal declaración es un tributo a la Constitución del 86 y al mismo tiempo una ventana medio abierta a un nuevo orden en las relaciones de poder entre el centro y la periferia.  
Fue el sociólogo Orlando Fals Borda a la sazón integrante de la Asamblea Nacional Constituyente del 91 quien dio a su interior una dura batalla por incorporar al texto de la Carta un nuevo orden territorial para Colombia; fue derrotado y apenas sí logró hacer aprobar un artículo que le entregaba al Congreso la responsabilidad de discutir y cristalizar dicho propósito. Fueron precisos 24 intentos para lograr que el Congreso aprobara, por fin, en el 2011, la ley 1454, por medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial…  
Es una ley en materia de ordenamiento territorial bastante tímida, sin mayores alcances y muy inútil, que no le hace honor a su pomposo título. Con ella se perdió otra gran oportunidad de asumir en serio esta tarea que Colombia tiene aplazada dese hace más de un siglo. Alfonso López Michelsen a mediados de la década del 70 del siglo pasado quiso enfrentar el desafío y planteó en el marco de lo que llamó la Pequeña Constituyente, también malograda, una reforma territorial para el país.
Otros dirigentes han entendido la necesidad de cambiar la forma como se reparte el poder entre el Estado central y las entidades territoriales subnacionales: algo se hizo en materia de descentralización fiscal, política y administrativa en el gobierno de Belisario  Betancur hace casi 40 años, y algo también se avanzó en el mejoramiento de la autonomía financiera de los departamentos con la creación del Sistema General de Regalías en el primer gobierno de Santos.  
Acemoglu y Robinson autores del libro Porqué Fracasan los Países, no dudan en calificar al Estado colombiano, como un Estado medio fallido; una de las razones que explican ese diagnóstico, según ellos, es que este Estado es incapaz de administrar eficientemente el territorio, imponer el orden y ejercer el uso legítimo de la violencia en la totalidad de la geografía nacional; persisten enormes asimetrías entre departamentos con alto nivel de desarrollo y aquellos que padecen niveles de pobreza apenas comparables a los del Africa subsahariana. 
Es claro que para este gobierno de Gustavo Petro no es prioridad el tema del ordenamiento territorial; solo se ha referido a él cuando tuvo la ocurrencia de proponer la creación del departamento del Magdalena Medio. Alguna mención se hace en su proyecto de Plan de Desarrollo cuando al texto del mismo se incorpora el propósito de ordenar el territorio en torno al agua. 
Ha propuesto el nuevo partido político En Marcha agregar en el proceso electoral de octubre una nueva papeleta donde se le pregunte al elector si está de acuerdo en que Colombia sea o no un Estado Federal.  Por los resultados de una reciente encuesta de la firma Invamer, pareciera que este tema no les es ajeno a muchos colombianos. Ojala los ciudadanos entiendan la necesidad de participar activamente en este debate que no por viejo deja de tener una palpitante actualidad.