Se acaba de conocer el Índice de Percepción de Corrupción (IPC); Colombia sigue lidiando con graves problemas de corrupción y claramente no avanza en la superación del flagelo.
Según el IPC 2024 de la ONG Transparencia Internacional, publicado esta semana, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 lo que significa un descenso de 5 puntos en el ranking global respecto al 2023; este dato nos ubica en el puesto 92 entre 180 países.
El IPC de Transparencia Internacional es el más importante indicador global sobre corrupción en el sector público; para su construcción utiliza datos de expertos, comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y formas de captura del Estado por parte de distintos actores públicos y privados.
El informe nos dice que los países mejor puntuados en la tabla son Dinamarca, con una calificación de 90, Finlandia, 88, Singapur, 84, y Nueva Zelanda 83.
Los peor calificados son Venezuela con 10 puntos, Somalia con 9 y Sudán del Sur, el peor, con 8 puntos.
El índice sitúa a Colombia lejos de Uruguay, (76 puntos). y por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).
Con respecto a los países de la OCDE, cuyo promedio es de 65, Colombia solo supera a México y a Turquía.
Según el Informe, “Esta calificación refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador de años anteriores, el puntaje de Colombia en IPC 2024, vuelve a mostrar estancamiento, y por lo tanto, falta de resultados”.
La Estrategia de Lucha contra la Corrupción contenida en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio, evidentemente no ha funcionado; ni desde la perspectiva del comportamiento de muchos integrantes del Gobierno, incluido el propio presidente Petro, ni desde la óptica de sugerir reformas institucionales que hagan menos funcionales ciertos órganos del poder a la corrupción, y a la ineficiencia, que es otra forma de corrupción.
Dice el informe “que si bien este es un problema estructural que el país arrastra desde años atrás, la Administración del presidente Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica”.
En efecto, mantener a Armando Benedetti en el Gobierno y asistir al rosario de escándalos que se suceden día a día, es prueba irrefutable de la certeza de esa conclusión.
Les ha sobrado indolencia al Gobierno y al Congreso que no han hecho lo suficiente para cristalizar una profunda reforma al sistema político electoral, ámbito institucional donde se incuba el más alto riesgo de corrupción.
“El aumento de transacciones políticas y prácticas clientelistas, léase escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, podría agravar las amenazas de corrupción”, añade el informe.
Tal vez no hay fenómeno social más depredador, en lo económico, lo político y lo moral, que la corrupción; la connivencia con la corrupción genera pobreza, inequidad, desconfianza y violencia.
Superarla debería ser el desafío de todo ciudadano. Seguramente el tema va estar presente, como siempre, en los debates electorales que se avecinan.
La democracia, esa todavía joven expresión de la civilización moderna que hoy atraviesa tiempos difíciles, nos dará la oportunidad otra vez, de actuar en consecuencia.