Dice el Consejo de Estado en su providencia: “…el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la eventual pérdida del cargo.”. ¿Dónde está entonces el cacareado golpe de Estado, cuando el CNE abre investigación en contra de Gustavo Petro y su campaña por hechos anómalos que ya son de público conocimiento?
Está en la magín del presidente que anda desesperado por su pérdida total de autoridad, popularidad e influencia. En la de las tropas irregulares que ha reclutado en estos dos años de Gobierno; y en la de los delincuentes liberados de prisión que engrosan los batallones de desadaptados, terroristas y vándalos que están al servicio de causas espurias. Es decir, en el ideario terrorista de un grupo minúsculo de resentidos que pretenden vivir del Estado y matarán por ello, y que encuentran su alimento en las arengas presidenciales y las de sus esbirros. En los encapuchados que salen armados a incinerar policías y a asesinar gente inocente, sabiendo que cuentan con la protección petrista. En los “valientes” que hoy se aglutinan como ratas en los cuarteles de la Universidad Nacional.
Es triste admitirlo, pero nunca habíamos visto tanta desfachatez en un presidente; tanto desprecio por las Cortes, sus magistrados, los jueces y sus decisiones. Y tanto descaro en alguien que parece olvidársele que es un delincuente amnistiado y carece de autoridad moral para juzgar y condenar a quienes hoy lo investigan bajo los cánones constitucionales. Son las consecuencias de la impunidad que les otorga supuestos derechos a los criminales y los convierte en gobernantes o en catedráticos de moral y ética, a pesar de que siguen delinquiendo amparados en la complicidad presidencial.
¡El peligro es real! Petro ha debilitado la Fuerza Pública de una manera agresiva, tal vez temiendo que su dignidad explotara y procedieran contra él. Hoy ordena a esa Fuerza Pública que no cumpla sus funciones y la limita en los procederes contra los terroristas que se alistan para salir a las calles a incendiar, violar nuestros derechos y vandalizar los bienes públicos y privados. Por un lado, entonces, desarma a militares y policías, les ata sus manos y los aísla; y, por el otro, llama a sus tropas irregulares a que salgan a manifestarse y a ejercer su “soberanía popular” que no es otra que la que demostraron en el mal llamado estallido social de hace tres años. Entonces quedamos más expuestos los colombianos inocentes e indefensos ante un terrorismo que se apodera del país, mientras el presidente lo azuza e incumple su obligación constitucional de defender vida, honra y bienes de los ciudadanos.
¡Pobre Colombia! Tener que padecer un Gobierno que, abusando del perdón concedido, se siente con patente de corso para destruir sistemáticamente el país que es incapaz de gobernar. ¡Ojalá acabe pronto esta pesadilla!