Improvisar puede ser una virtud, si se trata del arte o la oratoria.

Pero en asuntos trascendentales del Estado, que atañen al bienestar de la comunidad, deben primar el análisis, los estudios profesionales y los cálculos de efectos posibles, antes que la elocuencia y el lucimiento de efectistas no razonables.

Al margen, una anécdota, de las que enriquecen la historia política de Colombia.

A Silvio Villegas Jaramillo (1902-1972), político conservador caldense, líder del grupo Los Leopardos, célebre por el brillo oratorio de sus integrantes, alguien le preguntó cuál era su estrategia para improvisar discursos tan brillantes; y contestó el político e intelectual, en tono guasón: “Yo los escribo, me los aprendo de memoria y después los ‘improviso’ ”.

Vamos al grano. Lo razonable en un país azotado por la violencia, en el que actúan numerosas bandas criminales, algunas disfrazadas de insurgencia política, es fortalecer a las Fuerzas Militares para contrarrestarlas, aumentar suficientemente sus unidades, asignarles presupuestos suficientes, implementar sistemas avanzados de inteligencia, disponer de ágiles y eficientes medios de transporte y blindar a oficiales y soldados contra agresiones judiciales, lo que no sugiere impunidad.

Tan grave es que, a unos pocos soldados o policías, en una población aislada, les ataquen centenares de guerrilleros, como que la justicia se desgaste en dilaciones y recursos leguleyos, mientras que a los criminales les levantan las órdenes de captura, los instalan en cómodas mesas de “diálogos de paz”, se les conceden privilegios de detención y, ¡el colmo!, se les otorguen títulos de gestores de paz, lo que parece un chiste, pero es una vergonzosa realidad.

En la actualidad, en Colombia se han disminuido los efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía; un alto porcentaje de aviones y helicópteros está parado por falta de mantenimiento; el presupuesto de defensa se ha disminuido; en los altos mandos ha habido constantes remezones; la inteligencia militar está atrasada en unidades y tecnología; y la corrupción de las mafias del narcotráfico, el contrabando y otros, ha infiltrado a oficiales, policías y soldados, que, tradicionalmente, han sido modelo de probidad.

Mientras tanto, los grupos criminales ocupan espacios, urbanos y rurales, exprimen al sector productivo con la extorsión, se imponen políticamente y cuentan con fichas en todas las instancias del poder (ejecutivo, legislativo y judicial), dominan en municipios y departamentos e impiden el normal funcionamiento de la sociedad.

Pero el Gobierno, en aras de su paz total, depone los principios de un país civilizado, debilita la defensa nacional, operativa y presupuestalmente; y ofrece a los criminales el beneficio de ceses al fuego, que a quienes negocian la paz a nombre de los grupos criminales les produce regocijo, porque, mientras los militares se desmovilizan, las bandas criminales se fortalecen, económica y militarmente, y se expanden por el territorio nacional, ante la impotencia de las autoridades locales, el desconcierto de los ciudadanos y la parálisis del desarrollo social y económico.

Las cifras que muestran los voceros oficiales son mentiras maquilladas.